Continúa la pugna entre los operadores de telefonía celular y algunas municipalidades cuyos reglamentos hacen casi imposible desplegar la infraestructura para ofrecer cobertura en este servicio.
Este problema nunca existió cuando teníamos un monopolio de telecomunicaciones, pero ahora el ICE tiene los mismos problemas que los otros operadores para extender su infraestructura.
En un reportaje de EF de la semana anterior se destacan los trámites, dimes y diretes que han caracterizado esta pugna en la que el usuario final es siempre el perdedor. En este drama han participado, además de las municipalidades y los operadores, la Sala IV y otros tribunales, la Sutel y hasta la Presidencia de la República.
El meollo del problema parece ser que todos queremos tener buena cobertura, pero nadie quiere tener una torre de colores de 30 o 50 metros en el lote contiguo a su casa. En otras latitudes es normal encontrar muchas menos torres y de tamaños y colores neutros gracias a los cuales pasan inadvertidas. Obviamente la infraestructura utilizada en zonas urbanas es muy diferente de la utilizada en zonas rurales, no solo por su apariencia sino también por razones técnicas de alcance y cobertura (en zonas no pobladas se quiere que la señal llegue lejos, en zonas urbanas se quiere que la señal llegue adentro de los edificios).
En zonas urbanas hay varias alternativas a las torres, en los techos de edificios, encima de las vallas publicitarias e incluso encima de los postes de la luz. De hecho ya se están utilizando muchas de estas opciones. La otra alternativa utilizada en todo el mundo menos aquí, y que era la más obvia desde el principio, compartir las torres.
Debido a lo anterior tenemos por lo menos dos, y tal vez, tres veces más torres de las que deberíamos. Lo irónico de esta situación es que ha sido el ICE el que se ha negado a alquilar su infraestructura a los otros operadores, esto probablemente con intenciones de estrategia de negocio (y, por lo tanto, supersecretas), para no favorecer el rápido despliegue de la competencia, resultando en una situación en la que somos los mismos dueños del ICE, los que resultamos perjudicados por mala cobertura, por un afeamiento del paisaje, y por el aumento total del costo de la infraestructura que a la postre terminamos pagando todos.
Es concebible que algunos de los reglamentos municipales que vieron la luz del día luego de aprobado el TLC fueran redactados pensando en “proteger” al ICE, pero el ICE ahora se ve igualmente afectado ya que la infraestructura se debe renovar. Pero como dice el reportaje de EF, el usuario final siempre sale perdiendo.
Obviamente nadie, incluidos los magistrados, quiere tener una torre de colores frente o al lado de su casa. El efecto de erigir una torre de estas en una zona urbana, va más allá de la estética, afecta directa e inmediatamente el valor de las propiedades aledañas. Un lote vacío en un barrio residencial deriva mucho de su valor de las residencias del vecindario, si el dueño de dicho lote pudiera alquilar o vender el lote para instalar una torre de colores de 40 metros, las mismas residencias que crearon el valor para el lote, perderían mucho de su valor casi de inmediato.
Lleva razón la Sala Constitucional cuando dice: “El tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional”, pero deben existir regulaciones nacionales para la edificación y, tal vez más importante, la reutilización de dicha infraestructura.