E n el 2009, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley N° 8725, mediante la cual se aprobó el contrato de préstamo entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial, por $72,5 millones, para financiar el Proyecto Limón Ciudad Puerto.
Su objetivo era mejorar la protección y la gestión del patrimonio cultural y natural de la ciudad de Limón, aumentar el acceso a la red de alcantarillado y evitar inundaciones, fomentar un gobierno local más eficiente, crear nuevas oportunidades de empleo, y apoyar el proceso de modernización de los puertos así como el acceso a ellos. El proyecto había sido concebido en la Administración Pacheco y había superado años de estudios, formulación y negociación.
Cinco años después de su aprobación y a pesar de que el plazo original para la conclusión de la mayoría de las actividades vencía en junio pasado, los avances han sido magros, la comunidad ve pocos resultados tangibles y el organismo multilateral que financia el proyecto ha manifestado su preocupación ante los reiterados atrasos. Ciertamente, la historia de la inoperancia en la ejecución de los préstamos con organismos financieros internacionales o en proyectos de infraestructura en general no son novedad en Costa Rica, ni es único el caso de Limón Ciudad Puerto, pero en EF hemos considerado oportuno profundizar en el diagnóstico e identificar los escollos que han provocado que el desarrollo de este proyecto no haya sido consecuente con el entusiasmo y expectativas que generó.
Nuestro reportaje y otros estudios previos destacan entre los obstáculos más importantes el que la ley le hubiere otorgado a la Unidad Coordinadora una estructura débil y no se le diera el peso suficiente ni las herramientas necesarias para liderar un proyecto tan complejo, que involucraba una gran cantidad de instituciones públicas que, además, fungían como unidades ejecutoras atomizadas sin mayor dirección. Ello se vio reflejado en el hecho de que para solo concluir el proceso de obtener los convenios interinstitucionales, se tardaran casi dos años y que, con anterioridad al 2012, ni siquiera se contara con mecanismos de programación y seguimiento que priorizara las tareas y fijara tiempos de ejecución para cada etapa.
Lo anterior se vio afectado también por fallas en la elección del personal encargado, su alta rotación y los cambios producidos por el ciclo político del 2010. Además, los diseños de las obras que dieron lugar a los estudios de preinversión no habían tomado en cuenta a las unidades ejecutoras, lo cual provocó, en algunos casos, problemas en el cálculo de los costos y que hubiera que hacerlos de nuevo. En otros casos, no se percataron de que a algunas instituciones se les encomendaba tareas para las cuales no tenían competencia legal. En suma, se trató de un proyecto necesario pero con errores desde su concepción, una mala estructura organizativa y un mal gerenciamiento y supervisión.
Lo sucedido con Limón Ciudad Puerto se repite en muchas áreas de la administración pública: muchas veces no es la falta de dinero lo que nos impide obtener resultados sino una mala planificación, la dilución de las líneas de mando, una demostrada incapacidad de gestión y, sin duda, la inexistencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas oportunos y efectivos. Esperamos que este nuevo tropiezo al menos sirva para sentar responsabilidades, corregir errores y reencontrar el norte.