La evolución hacia una economía de servicios es parte del proceso natural de crecimiento económico, aunado al impresionante desarrollo de la tecnología y las comunicaciones en los últimos 30 años. El predominio del sector de servicios sobre los sectores tradicionales de manufactura y agricultura es muy notorio hoy en día, sobre todo en los países más desarrollados, pero también en países en desarrollo.
Por ello no deberían sorprendernos las cifras recientes del Banco Central, que tomando como año base el 2012 muestran al sector de servicios como el predominante en Costa Rica, con un 40% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el sector de manufactura cae a un 15% y el de agricultura a solo un 6%, en relación con las cifras de 1991 que se habían venido utilizando.
En el sector de servicios destacan las actividades inmobiliarias, los servicios financieros, las servicios de comidas y bebidas, actividades administrativas y de apoyo de oficina, telecomunicaciones, educación, salud, transporte, alojamiento, servicios de información y otros.
Esta realidad presenta retos e implicaciones importantes para Costa Rica. En primer lugar, como lo señalamos en un editorial anterior, es censurable que al Banco Central le haya tomado 20 años actualizar las estadísticas en un tema tan importante, por lo que esperamos medidas correctivas y compromisos claros de mejora a futuro.
En segundo lugar, el país debe mejorar el sistema educativo, concretar la enseñanza de otros idiomas, impulsar la educación técnica. La educación debe orientarse a las necesidades reales de un mercado cada vez más dominado por empresas de servicios, incluidas las que se dedican a servicios relativamente básicos, pero también las que se dedican a servicios más sofisticados, que requieren profesionales y técnicos en áreas en que nuestro sistema educativo es actualmente deficitario, como ingenierías, matemáticas, ciencias y otras afines. Además se necesita invertir más en innovación, desarrollo e investigación tecnológica, para generar servicios intensivos en conocimiento.
Un tercer aspecto tiene que ver con el marco legal y regulatorio. Costa Rica destaca por el exceso de burocracia, regulaciones y trámites, y el sector de servicios también sufre las consecuencias. El ejemplo de la empresa Uber nos muestra cómo avances tecnológicos y nuevas formas de economía colaborativa chocan con un modelo regulatorio obsoleto, que privilegia a un gremio sobre los usuarios.
El país debe seguir avanzando hacia más apertura y competencia en todos los sectores de servicios, incluidos algunos que aún son controlados por el Estado, como la energía y la distribución de combustibles, en beneficio del consumidor y de la competitividad del país, como lo demuestra la experiencia en telecomunicaciones y seguros.
La adaptación del país a una economía de servicios toca también el tema tributario. La mayor participación de los servicios en la producción pone de manifiesto la insuficiencia del actual impuesto de ventas –aplicable como regla general solo a bienes– como fuente recaudatoria para el Estado. La evolución hacia un impuesto al valor agregado, con una tasa razonable, que cubra bienes y servicios de la manera más amplia posible y que facilite a su vez el control del pago del impuesto sobre la renta, sería otro paso en la dirección correcta.