La Ley de Protección al Trabajador, que acaba de cumplir 15 años, reformó el sistema de pensiones para crear regímenes complementarios adicionales al régimen básico, administrados por operadoras de pensiones en cuentas individuales a nombre de cada trabajador.
Como primer pilar se mantuvo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS o el régimen sustituto que corresponda en el sector público. El segundo pilar está constituido por los fondos obligatorios de pensiones complementarias y el tercero por los fondos voluntarios.
La situación actual del sistema de pensiones se caracteriza por serios cuestionamientos a la sostenibilidad financiera del régimen de la CCSS y de otros regímenes públicos como el del Poder Judicial, así como por un crecimiento importante de la masa de fondos administrados por las operadoras de pensiones complementarias, que sobrepasa ya los $7.000 millones. Además, los dos pilares obligatorios del sistema son insuficientes para que un trabajador obtenga una pensión similar al salario que tendrá al momento de pensionarse, salvo en los regímenes públicos de privilegio, lo que obliga a pensar en reformas.
Cabe preguntarse cuáles son los principales retos pendientes del sistema de pensiones, sobre todo en estos momentos en que las autoridades se aprestan a nombrar al Superintendente de Pensiones que ejercerá el cargo los próximos cinco años.
Un primer reto es sin duda continuar fortaleciendo la supervisión orientada a la gestión integral de riesgos. La supervisión debe ser estricta, aunque sin caer en regulaciones represivas que generen altos costos o limiten indebidamente la competencia; además, debería abarcar a todos los regímenes, incluyendo los públicos.
Un segundo reto es concretar las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad financiera del IVM y los regímenes públicos sustitutos, para protección de los afiliados y porque representan uno de los principales disparadores del gasto público. El actual superintendente, Édgar Robles, merece reconocimiento por la lucha que ha dado en ese campo, enfrentando grandes resistencias.
Un tercer reto tiene que ver con el necesario fortalecimiento de los fondos voluntarios, por las razones ya mencionadas. Debe aclararse la situación tributaria de estos fondos, que hoy es incierta. Además, debería pensarse en transformar estos fondos en verdaderos complementos del fondo de pensión, eliminando la posibilidad de retiro a los 66 meses como ocurre en la actualidad.
Otro reto es el que plantean las iniciativas tendientes a que los fondos de pensiones complementarias se destinen a financiar obra pública. Esta idea tiene sentido, pero sujeta a reglas y límites, y garantizando que las obras que eventualmente se financiarían estén muy bien sustentadas desde el punto de vista técnico y financiero.
Hay otros aspectos de la normativa que causan distorsiones y deberían revisarse: la exagerada comisión que cobra el Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS, los trámites excesivos para el ejercicio del derecho de libre transferencia de los afiliados entre operadoras, la posibilidad de transformar el Fondo de Capitalización Laboral en una fuente adicional de la pensión obligatoria.
Entendemos que los retos mencionados pueden involucrar a varias instancias del Estado y que en algunos casos requerirían de reformas legales, pero el liderazgo de la Superintendencia de Pensiones, y en particular del superintendente que se nombre, será un factor crucial.