E n un país como el nuestro, donde el tema de la equidad, más que un resultado de nuestra historia se considera un derecho, a muchos ciudadanos se les hace sumamente difícil comprender por qué existen salarios muy altos en el sector público, entendiendo por “muy altos” aquellos que multiplican muchas veces el salario mínimo vigente.
El salario de $25.000 mensuales para el gerente ejecutivo de un banco del Estado fue un escándalo mediático durante meses, pese a que dicho sueldo se aplicaba en el banco más grande de la región centroamericana y al hecho de que era el monto más bajo en el caso del 80% de los gerentes bancarios de la región.
Para dicho profesional, ese sueldo representaba “un sacrificio” en comparación con lo que se considera una compensación justa en ese sector de la economía y en una entidad de esa escala y responsabilidad.
Pero desde el presidente de la República hasta el último ciudadano desempleado de Costa Rica se sintieron “ofendidos” por dicha compensación y la consideraron un abuso de la gestión pública del país y del funcionario mismo.
En esta nación tenemos ejecutivos en el sector privado que ganan millones de dólares en salarios y bonos cada año, como los hay en prácticamente todas las naciones. Y si bien en algunos casos se han presentado abusos –imposible olvidar los bonos de algunos gerentes bancarios durante la crisis financiera internacional de 2008-2009– la verdad es que resulta “normal” que un líder sea compensado de acuerdo con cinco elementos de su gestión: costo personal de oportunidad, sector al que pertenece, impacto en resultados –cumplimiento de metas de rentabilidad, crecimiento, expansión territorial, etc.–, preparación de la organización para el futuro –visión, ritmo de innovación, nuevas tecnologías y procesos, nuevos productos y servicios, nuevos mercados y segmentos, nuevas marcas, etc.– y nivel de responsabilidad y riesgo de la organización.
En el asiático Singapur, el otro extremo del espectro de compensación pública, los ministros y oficiales clave del Estado ganan salarios que compiten en nivel con el de los altos ejecutivos de las empresas privadas mejor remuneradas. El primer ministro gana hasta $1,7 millones al año y algunos de los ministros rondan esa suma.
En Costa Rica los sueldos del sector público, particularmente los de los gerentes de línea en los ministerios, son “altos respecto a la jerarquía”. Algunos de ellos ganan “más que sus jefes” –ministros y viceministros–, pero habría que evaluar cada puesto en términos de atestados necesarios para desempeñarlo, responsabilidad y riesgo, impacto en resultados y criterios similares para afirmar que son salarios exagerados para nuestro medio. No parecen serlo por el monto mismo de la compensación.
Esto nos lleva a que nuestros jerarcas ministeriales estén mal compensados (lo invitamos a leer la información que publicamos en la página 18 de esta edición: “Directivos y jefes ganan más que los ministros”), peor aún si pese a ser seleccionados no cumplen con las leguleyadas que se requieren para ampliar su remuneración, pues las responsabilidades y riesgos que asumen con el puesto ciertamente dan para una mejor compensación.
Esto genera una serie de argumentos, todos ellos peligrosos, tales como: van al sector público los mediocres para quienes ese “mal salario” sí compensa su costo de oportunidad; o aquellos que tienen un ideal, más no necesariamente los atestados para hacer una diferencia en la gestión de su sector; o aquellos que ya siendo exitosos a título privado pueden “aguantar” cuatro años de mala remuneración.
Y el más peligroso de todos los razonamientos: aceptan los puestos de jerarquía en los distintos gobiernos los que saben que desde ahí pueden favorecer sus intereses sectoriales y particulares y, por tanto, luego “recuperarán con creces lo sacrificado e invertido”.
Otro argumento que “afortunadamente” también se esgrime es que aceptan los puestos clave del Gobierno personas que por amor a su país tienen la disposición y compromiso de hacer un sacrificio personal y familiar.
Todos estos argumentos, aún el último, son malos.
Pertenecer a la jerarquía del Gobierno no debe ser un sacrificio ni una oportunidad, y debe acarrear una remuneración justa.
Los jerarcas de los ministerios y de las instituciones autónomas deben ser personas calificadas, visionarias en el tema que liderarán, con experiencia relevante y compensados al nivel de sus responsabilidades y logros.
Hacia esto debemos mover nuestro modelo de compensación y no hacia un sistema que perpetúa la mediocridad, el conflicto de intereses y los malos resultados, tan frecuentes en nuestra administración pública.