Este ha sido un año de luces y sombras en la Asamblea Legislativa. Los primeros cuatro meses del 2022 vieron a un Parlamento por concluir funciones que asumió un rol protagonista frente a un gobierno desgastado y en medio de una campaña electoral agreste.
Si bien durante la pasada legislatura se tuvo el Congreso más fragmentado en la historia moderna de Costa Rica -con una gran cantidad de diputaciones que se declararon independientes-, la experiencia acumulada hacia el final del período constitucional, sumado a un ánimo de negociación y búsqueda de acuerdos, permitió la más alta producción legislativa en décadas, tal como lo indicó el último informe del Programa Estado de la Nación.
Una de las leyes de mayor importancia entre las aprobadas en los últimos años es la Ley de Empleo Público, votada afirmativamente en marzo de 2022. También se pueden mencionar la ley que condona multas que se deben a la CCSS y que procura una mayor formalización de trabajadores independientes, o la ley que limita la reelección de alcaldes y otros puestos de elección municipal.
Ello contrasta con un más bien deslucido papel que ha mostrado la actual Asamblea Legislativa en sus primeros siete meses de funcionamiento. Un Congreso que, a pesar de tener condiciones particularmente favorables para producir cambios positivos desde el primer día, se enfrascó en discusiones estériles.
En la nueva dinámica del Congreso ha tenido impacto el proceder político del Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas, el Gobierno ha sido una piedra en el zapato de los nuevos legisladores, tanto por acción como por omisión.
En primer lugar, el presidente Rodrigo Chaves desperdició la oportunidad histórica de presentar una agenda parlamentaria al inicio de la administración, aprovechando que ahora las legislaturas inician con el período de sesiones extraordinarias. La justificación del Gobierno es que no tuvo tiempo suficiente entre la segunda ronda y el inicio de su administración para tener listos los proyectos. Tal excusa es inaceptable. Los partidos políticos y sus equipos deben estar preparados para asumir el ejercicio del poder desde el primer día y eso incluye tener escritas las iniciativas de ley. No tiene la culpa el calendario legislativo de la impericia, negligencia o desidia de un gobierno a la hora de plantear su agenda de proyectos ante el Parlamento.
En segundo lugar, la intransigencia y los discursos del presidente Chaves hacia los diputados no contribuyen a crear un clima de confianza o negociación con un Parlamento donde tiene una minoría. Más aún, esa actitud confrontativa ha sido la tónica de la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros. Por su parte, Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, ha tenido a su vez un papel poco relevante en la conducción política del Ejecutivo.
Aunado a lo anterior, la práctica legislativa actual se ve acompañada de dos factores que entorpecen el trabajo fluido del Primer Poder de la República. Uno es la práctica filibustera de bombardear proyectos con mociones y hacer uso de la palabra para impedir que las mayorías se expresen con el voto. Este ha sido el caso del tratamiento que le da el Frente Amplio al proyecto de ley sobre jornadas flexibles. Otro factor es la inexperiencia de la mayoría de los legisladores. De hecho, quienes tienen más trayectoria no son quienes lideran sus respectivas bancadas.
Esto se traduce, por ejemplo, en que un proyecto que resultaba urgente para el país como la autorización para colocar los llamados eurobonos, demoró demasiado tiempo en ser aprobado, a pesar de que todas las fuerzas políticas hablaban de su importancia y su voluntad de aprobarlos. Discusiones bizantinas y posiciones inflexibles hicieron de algo aparentemente simple una tormenta.
Para 2023 es necesario que se generen cambios y que la Asamblea Legislativa asuma la posición política de relevancia que le corresponde.