El Estado de la Nación presentó el 12 de noviembre pasado su XIX Informe Anual. En esta ocasión, el reporte hace alusión a lo que considera son 13 mitos de la realidad costarricense. Este espacio no alcanza para referirnos a todos ellos, ni es nuestra intención validar la existencia de esos mitos o su fundamento.
Sin embargo, sí es pertinente rescatar algunas de sus señalamientos con el propósito de contribuir a un debate nacional que nos conduzca a la consecución de eventuales acuerdos sobre políticas de Estado de largo alcance.
Tras advertir que no se trata de desmontar las políticas y segmentos más dinámicos de la economía y de reconocer que estos constituyen una de nuestras principales palancas de desarrollo humano, el Informe plantea la necesidad de diseñar estrategias concretas para que más sectores puedan acceder y aprovechar las oportunidades del proceso de modernización del país, el cual se atribuye a la apertura comercial y a la vinculación con los mercados internacionales. Esto con el fin de evitar los efectos nocivos de una economía dual que deje rezagados o excluidos a muchos.
El Informe explica el problema con precisión: “En Costa Rica, el aumento de la desigualdad y la persistencia de la pobreza son favorecidos por la dualidad del mercado de trabajo. La mano de obra calificada encuentra mejores oportunidades laborales, pero tan solo representa el 40% de la población ocupada”. El Informe tampoco deja dudas de que la pobreza tiene una relación directa con la falta de empleo. Asimismo, señala que la desigualdad tiene su origen en el hecho de que una proporción mayoritaria de los trabajadores no termina sus estudios de secundaria, haciendo imposible con ello la obtención de un empleo mejor pagado, como los que genera la nueva economía.
El Informe plantea que es un mito que Costa Rica tenga una población altamente educada y capacitada. El mito es parcialmente cierto. Es verdad que ha habido avances entre 1987 y 2012, al disminuir la proporción de trabajadores no calificados del 76% al 60%; también existen algunos “brotes verdes” en años recientes, en especial en la educación técnica. Sin embargo, el avance en la formación del recurso humano necesario para competir en la economía internacional ha sido demasiado lento. A esto se suma que, aunque no lo diga el Informe, nuestras universidades producen pocos ingenieros y científicos, y dedican pocos recursos a la investigación y el desarrollo, casi siempre desvinculados de la realidad del mercado.
La conclusión es clara: no se trata de dejar de crear puestos de trabajo calificados y bien pagados, como los que produce la inversión nacional y extranjera ligada a las exportaciones, sino de mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación para que más gente tenga acceso a dichos puestos. El combate a la pobreza y la desigualdad demandan redoblar esfuerzos para reducir sustancialmente la deserción en la secundaria, continuar enfatizando en la educación técnica, y privilegiar la formación en ciencias e ingeniería.
Se requiere también una política de empleo que promueva la generación de trabajo para quienes no han podido prepararse adecuadamente. En ese cometido, el impulso a la pequeña y mediana empresa, de la mano de mayor innovación y productividad, podría ser parte de la solución. Acciones concretas en estos campos deben acompañar las fortalezas del modelo vigente.