E n esta edición analizamos la acumulación de recursos de las entidades públicas en la Tesorería Nacional. Estos son recursos girados por el Ministerio de Hacienda a las entidades, pero que, al no ser gastados, se mantienen en la Tesorería Nacional.
Es importante aclarar que las entidades que mantienen recursos sin usar en la Tesorería Nacional, es decir que son sujetas del principio de “caja única”, son las que conforman los tres poderes de la República, sus dependencias y órganos auxiliares de acuerdo con la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. No están incluidas en este sistema las entidades autónomas, tales como el ICE, la CCSS y otras.
La existencia de estos superávits nos recuerda la fragmentación y compartimentación del Gobierno Central en entidades con diferentes grados de independencia. El Poder Ejecutivo se parece mucho a una confederación de feudos con poder propio. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Juventud está integrado por múltiples entidades con determinados grados de independencia.
En este sistema casi feudal es importante mantener el principio de “caja única” y que los recursos no usados se mantengan en la Tesorería Nacional para llevar una sana administración y un buen control. El proceso de lograr la existencia de la “caja única” no ha sido fácil porque se ha enfrentado con la resistencia de los feudos burocráticos que quisieran actuar en forma independiente.
La existencia de estos recursos sin uso refleja en muchos casos, no en todos, un complejo sistema de asignaciones específicas de recursos mediantes leyes. Buena parte de los impuestos están asignados en forma obligatoria a determinados gastos. Esta es una mala práctica legislativa que dificulta la administración eficiente y flexible de los recursos del Presupuesto Nacional.
En la próxima reforma fiscal sería importante eliminar todo este sistema de asignación específica de los impuestos mediante ley. Si no es posible avanzar en esta dirección al menos debería de existir alguna norma para flexibilizar estos mandatos legales cuando el déficit fiscal del Gobierno Central alcance cierto nivel crítico o cuando las entidades ejecutoras no tengan capacidad de realizar el gasto.
Otro elemento que explica la existencia de recursos sin usar es la falta de capacidad de ejecución de ciertas entidades. Este es el caso de las Juntas de Educación: han recibido asignaciones presupuestarias pero no han tenido la capacidad de hacer las obras en escuelas y colegios.
La Contraloría General de la República en forma reiterada ha planteado el problema de la escasa ejecución presupuestaria en las entidades públicas. Hay importantes brechas entre los planes, el ejercicio presupuestario y la realización de las obras. El principal ejemplo de esta situación está en el campo de la infraestructura.
En conclusión, la existencia de sumas importantes de recursos de las entidades en la Tesorería Nacional refleja la complejidad y los problemas de la organización y eficiencia de nuestra “feudalizada” Hacienda Pública.