En los últimos años hemos sido testigos de propuestas disruptivas en múltiples áreas, generalmente impulsadas por avances tecnológicos, el acceso cada vez más generalizado a internet y el uso de aplicaciones que ponen en contacto fácilmente a oferentes y demandantes de bienes y servicios. Uber en el sector transporte, Airbnb en el sector de hospedaje, las compañías financieras tecnológicas (Fintech) en el sector financiero, son ejemplos conocidos de esta nueva realidad.
No en la misma línea centrada en el uso de aplicaciones informáticas, pero similar en cuanto a su tendencia disruptiva, se empieza a introducir en el mercado costarricense la alternativa de las tiny houses o minicasas, una opción económica para tener casa propia.
Según un reportaje sobre el tema en nuestra edición anterior, se trata de pequeñas casas con distintos diseños y el equipamiento necesario para que puedan vivir una o dos personas. Ancladas a la tierra, sobre ruedas o hasta en el mar, el movimiento de las minicasas toma fuerza en el mundo como respuesta a la necesidad de vivienda práctica y accesible. Se presenta como una opción para un segmento de la población que no tiene acceso a una vivienda tradicional por sus limitaciones de cara al sistema financiero, o bien que busca este tipo de solución más simple y minimalista por convicción.
Contenedores, pequeños rectángulos creados con materiales económicos o conversión de autobuses antiguos, son algunos de los ejemplos que se empiezan a ver en el país.
La Universidad Autónoma de México (UNAM) desarrolló un modelo de minicasa llamado Vivienda Industrializada Sustentable (VIS), de 28m² en total, con el objetivo de que se pudiera construir en serie para ayudar a resolver el faltante de espacio de viviendas en la Ciudad de México. Sin embargo, su producción ha quedado en pausa por temas de reglamentación.
En Costa Rica, según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el área típica de una vivienda de interés social es de 42m². Por su parte, el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) establece que lo mínimo que debe medir una casa para considerarse habitable son 30m². La mayoría de minicasas están por debajo de esa medida, así es que implementar la figura podría requerir una revisión de leyes y reglamentos vigentes en materia constructiva.
El valor del metro cuadrado de construcción en el país ha crecido en los últimos años, debido a los aumentos en el índice de precios, la materia prima importada y la evolución del tipo de cambio del dólar. En apartamentos y condominios el valor promedio del metro cuadrado en 2019 se estimaba en ₡616.660. El surgimiento de las minicasas es una reacción a esto, aunque también hay personas que buscan la alternativa por convicción, como se indicó.
Los contenedores y los autobuses antiguos son dos de las modalidades más importantes en esta tendencia. Una empresa en Costa Rica propone utilizar autobuses antiguos, que en el país salen de circulación cada 20 años y transformarlos en viviendas, dándoles cerca de 30 años más de vida útil con un valor mayor al que tenían originalmente. El primer modelo terminado, de 38m² de área habitable, fue construido en un antiguo autobús marca Hino, y la empresa lo tuvo en exhibición recientemente. El precio total ronda los $38.000 incluyendo muebles y línea blanca.
Como parte del proceso de exhibición y venta de esta primera unidad, la empresa tuvo que plantearse el tema de opciones de financiamiento distintas de las ancladas en la concepción de vivienda tradicional. Al respecto, algunos bancos ya empiezan a estudiar la modalidad y podrían ofrecer crédito acorde a sus características.
La figura no calza en la legislación vigente. Hay una laguna cuando se habla de casas rodantes, que no son consideradas obras constructivas en el país. “Están en una franja ambigua, no es una construcción, no es un vehículo, pero alguien puede vivir ahí, aunque no requieran ninguno de los trámites que se solicitan para una vivienda tradicional”, señala un profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Está por verse si este tipo de soluciones llegarán a arraigarse en el país. No puede descartarse que encuentren eco en algún segmento del mercado. Recordemos que los millennials y las generaciones que les siguen muestran preferencias distintas a las tradicionales en temas tomo la propiedad de una vivienda o de un vehículo.
En todo caso, el tema nos recuerda la necesidad de que las regulaciones estatales estén abiertas a nuevas opciones de tenencia o propiedad, tanto para fines habitacionales como para otros objetivos. Lo mismo en cuanto al sector financiero, que no debería mantenerse ajeno a la posibilidad de otorgar crédito para opciones novedosas, con garantías distintas a las tradicionales. La legislación sobre garantías mobiliarias aprobada en 2015, a la que se le ha sacado poco provecho, podría ser una alternativa.
El tema nos recuerda también la necesidad de explorar soluciones novedosas en vivienda de interés social. En su informe del 2018 sobre la situación de vivienda del país, la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) estimaba el déficit habitacional real, que incluye viviendas malas, regulares y hacinadas, en alrededor del 53% en relación con el total de hogares del país. Asimismo, identificaba 679 asentamientos informales. Son cifras que seguramente se agravarán con la pandemia y que podrían llevarnos a tener que pensar en soluciones fuera de la caja.