El uso generalizado de Internet durante la última década ha permitido el surgimiento cada vez más visible del comercio electrónico, entendido este como “la producción, distribución, mercadeo, venta o entrega de bienes o servicios a través de medios electrónicos”, para utilizar la definición dada por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Se estima que actualmente el 14,1% de las ventas al detalle a nivel global se hacen electrónicamente y que la cifra total de estas ventas alcanzaría los $14,13 billones en el 2020.
El fenómeno se ha dado con mucha fuerza en las economías de los países desarrollados, pero China se ha convertido ya en el mayor mercado para el comercio electrónico con ventas que alcanzaron casi los $2 billones el año anterior.
El comercio electrónico puede llevarse a cabo entre empresas, individuos, gobiernos y demás organizaciones, y su desarrollo tiene importantes implicaciones para la economía de un país: la tecnología ha permitido que nuevos actores, con inversiones limitadas en capital e inventario, incursionen con mayor facilidad en mercados en los que antes las altas barreras de entrada se lo impedían; y muchas pequeñas y medianas empresas tienen ahora mayores posibilidades de éxito al explorar mercados internacionales, gracias al más fácil acceso que tienen con proveedores y compradores de cualquier parte del mundo.
No obstante, este progreso también continuará provocando efectos disruptivos en los modelos de negocios tal y como se conocían en el pasado, conforme la tecnología se incorpora cada vez con más intensidad en nuestro diario vivir, como lo ejemplifican Amazon, Airbnb, Uber, la computación en la nube, el “blockchain” o las impresiones 3D, entre muchas otros.
La pandemia —el distanciamiento social y las restricciones a la movilización que ello ha implicado— solo vino a acelerar este proceso de digitalización de la economía y ha obligado a muchas de las empresas a invertir para poder adaptarse y responder a las nuevas demandas de los consumidores o clientes.
Esto está sucediendo en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios: comidas por encargo, productos para el cuidado personal, supermercados, educación superior, servicios legales. Nuestro reportaje de esta semana da cuenta del comportamiento de las ventas en líneas durante el confinamiento en Costa Rica y podemos anticipar que el fenómeno está aquí para quedarse: 66,1% de los costarricenses mayores de edad en el Gran Área Metropolitana ahora compran en línea frecuentemente y un 97,7 % de ellos lo ha hecho alguna vez. Más importante aún: el porcentaje de los mayores de 50 años que compran en línea se ha duplicado recientemente.
Lo anterior implica retos importantes para las empresas y para el país. Por un lado, la inversión en tecnología y ciberseguridad en época de escasez se convierte en una cuestión de supervivencia y las estrategias de mercadeo, distribución y logística deberán adaptarse de manera radical.
Por el otro, deberán considerar los aspectos que, junto al precio, interesan más a los consumidores que compran en línea: tiempo y costos de la entrega (rápido y gratis o muy bajos), facilidad y seguridad de pago (con preferencia de la tarjeta de crédito), garantías de que la mercadería podrá ser devuelta (que sea fácil y a bajo costo), velocidad a la que se hace la transacción (amigable con el comprador), y uso de los datos personales (asegurar su privacidad).
A nivel de gobierno los retos no son tampoco menores. En una economía digital, el acceso universal a una infraestructura de redes y a Internet de alta velocidad es indispensable para evitar profundizar las desigualdades.
Lo mismo sucede con la educación, pues la alfabetización digital es hoy tan importante como lo fue saber leer y escribir un siglo atrás. También es fundamental garantizar un mercado de telecomunicaciones en competencia y que los consumidores tengan acceso a los bienes que permiten la digitalización a precios razonables (teléfonos móviles, computadoras, tabletas).
Igualmente, el país debe contar con un marco regulatorio adecuado, que posibilite el uso y disfrute de las plataformas digitales (Uber, por ejemplo), la bancarización universal (incluyendo el uso de tarjetas de crédito y débito), la protección efectiva de los datos personales y un régimen impositivo amigable a este tipo de transacciones.
Finalmente, el país debe ser partícipe activo en las negociaciones comerciales que pretenden establecer un marco regulatorio mínimo con estándares internacionales que impidan -o al menos limiten- el surgimiento de restricciones al comercio digital. Tanto en el seno de la OMC, como a nivel regional, los acuerdos pretenden garantizar la reducción de aranceles y la no discriminación, así como regular temas tan relevantes como la localización de datos, los pagos electrónicos, el uso de firmas digitales, el flujo de datos, el código fuente, los mensajes comerciales no solicitados, ciberseguridad, servicios informáticos interactivos, envíos “express”, inteligencia artificial, tecnología financiera, y datos abiertos gubernamentales.