La energía en sus diversas formas es insumo fundamental de todos los procesos productivos, directamente o a través de su función logística, y también un determinante fundamental de la calidad de vida en el país. Por esto, cada vez que se toca el tema del costo de la energía –sean hidrocarburos o electricidad– el país entero reacciona.
El costo de la energía en Costa Rica ha aumentado de manera significativa en los últimos tiempos –en opinión de muchos sectores y expertos– por la incapacidad que muestran nuestras instituciones rectoras del sector y autoridades para tomar decisiones correctas y oportunas. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), con la complicidad de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), toman decisiones que dan la impresión de beneficiar sus intereses particulares y la caja del Estado al tiempo que perjudican la competitividad de las empresas y el interés de los consumidores.
Las decisiones sobre energía tienen que ver con la forma y tecnología con que esta se produce, sus mecanismos de distribución, el costo indirecto que le cargan las instituciones del sector y la carga fiscal que conllevan. Visto así, hay muy poco interés del sector energético y del Poder Ejecutivo por controlar y reducir su costo, pues existe un incentivo perverso a nivel institucional y fiscal para que su precio al usuario sea alto.
Pesa, además, sobre el sector un tema ideológico, pues el control público de la generación y distribución de energía debe ser potestad exclusiva –en opinión de algunos– del Estado, bajo el argumento de crear un sistema guiado por la solidaridad. Pero la verdad es que las decisiones que se toman más bien parecen favorecer a los empleados de dichas instituciones y al Estado, al tiempo que perjudican a las empresas, la atracción de inversiones, el turismo y las economías domésticas. Además, la solidaridad como principio se puede lograr con un marco regulativo apropiado.
En este momento la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa estudiaba varios proyectos sobre la generación eléctrica heredados de la Administración anterior. Desafortunadamente la discusión es de corte político-ideológico y no de carácter técnico-económico, lo cual sin duda causará retrasos en el avance del tema y posiblemente el retiro de estos del proceso legislativo.
Al mismo tiempo el Poder Ejecutivo ha anunciado la creación de una comisión especial para buscar y ejecutar oportunidades de bajar el costo de la energía eléctrica, pero ha indicado que no espera resultados por al menos 18 meses.
A esto hay que sumar que la tecnología energética en el mundo se encuentra en proceso de cambio con energía solar, de biomasa, geotérmica y producida con gas –incluyendo para esta última la sustitución de hidrocarburos– avanzando en su disponibilidad y competitividad. La incapacidad de tomar decisiones en nuestro país implica que además de costos elevados, seguiremos postergando la modernización de nuestra matriz energética.
Seguiremos sin decidir. Y peor aún, sin una política de Estado que trascienda intereses sindicales, gremiales e ideológicos y permita la optimización a largo plazo de nuestra matriz energética en función del crecimiento económico, el progreso social y la sostenibilidad del país.