En la entrevista a Jaime Palermo, gerente de Telecomunicaciones del ICE y presidente de la junta directiva de Racsa, publicada en la edición de EF de la semana pasada, podemos entrever que la salud de la que fuera la “Empresa de Internet” sigue delicada.
Como hemos publicado en numerosas ocasiones, Racsa tiene más de cuatro años de perder dinero a raudales. La apertura del mercado de Internet sorprendió a la empresa pionera del servicio de Internet, en Costa Rica, con contratos de utilización de infraestructura ajena, sin la debida protección de los clientes. En menos de cinco años Racsa ha perdido, según declaró Palermo, casi todos los clientes. Sospechamos, sin embargo, que los costos de operación, sobre todo el recurso humano, siguen igual, o muy parecido, que cuando tenían cientos de miles de clientes (y los correspondientes ingresos).
Las declaraciones de Palermo son alentadoras en el sentido de que parece que finalmente habrá alineamiento estratégico (ya no se van a pelear los clientes), sin embargo son omisas en mencionar cómo se justifica la existencia de esta empresa pública que lleva más de cuatro año generando pérdidas. Sí menciona el jerarca que Racsa probablemente se dedique al sector gobierno, lo que nos obliga a recordar el proyecto que tuvo Racsa con la CCSS hace tan solo uno o dos años, y que todos sabemos, no terminó bien. Dada la naturaleza estatal de la empresa, cabe preguntar ¿qué competencias, destrezas o habilidades, puede ofrecer Racsa al Gobierno, que no pueda ofrecer el ICE? En otras palabras, ¿por qué existe Racsa si es incapaz de siquiera cubrir sus costos?
Considerando que Racsa no tiene clientes ni infraestructura (más allá de unos pocos nodos de comunicación y el edificio), es difícil imaginar cuál es la estrategia secreta que han divisado para repentinamente revertir las pérdidas y así poder justificar su existencia. El argumento de la imposibilidad de cerrar Racsa, creada por una ley, sin acudir a la Asamblea Legislativa no es de recibo, ya que Racsa podría perfectamente dejar de funcionar sin tener que desaparecer la sociedad anónima (tal y como existen otras sociedades propiedad del ICE). El argumento de la imposibilidad de cerrar cualquier empresa o institución del Estado es más plausible pero se sustenta en la experiencia nacional y no en razonamiento lógico. La experiencia podría llevarnos a concluir que hace falta un trauma como el del Banco Anglo para cerrar una empresa que está activamente dedicada a perder el dinero de los contribuyentes.
Si la subsidiaria no posee ninguna tecnología, ni destreza que la casa matriz no posea, la imaginación falla tratando de encontrar un motivo racional para mantenerla activa, máxime en los tiempos de dura competencia que enfrenta actualmente la casa matriz.
Es contradictorio Palermo cuando declara que “tenemos que pensar como una Telco grande” y no da ninguna explicación para la supervivencia de una subsidiaria con más de cuatro años de reportar pérdidas. Las empresas telefónicas (“Telcos”) grandes no se comportan así ya que responden a los accionistas. Los accionistas nunca permitirían que la rentabilidad de la empresa sea comprometida, sin una excelente explicación. Claro está que en el caso del ICE, y sus subsidiarias, los accionistas somos los ciudadanos, a quienes por motivos “estratégicos” nos niegan los detalles financieros y estratégicos de las empresas, y nos dicen que ya Racsa no tiene los números en rojo, pero tampoco en azul. ¿Debemos asumir todo lo contrario?