La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el 12 de agosto pasado tres medidas conducentes a disminuir los beneficios de los trabajadores que se jubilen a partir de enero de 2024, en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En primer lugar, eliminó la posibilidad del retiro anticipado para los hombres quienes ahora tendrán que cotizar hasta los 65 años y amplió la edad mínima de pensión para las mujeres a los 63 años; esta medida representa un aumento en la edad promedio de retiro del IVM, lo cual implica que los trabajadores tendrán que cotizar, en promedio, más años y, por tanto, cobrar pensión durante menos tiempo.
En segundo lugar, para el cálculo del salario promedio de referencia ahora se considerarán los mejores 300 salarios (25 años) en lugar de los últimos 240 salarios (20 años), en ambos casos corregidos por inflación. Como para la inmensa mayoría de cotizantes, los salarios laborales más antiguos son menores que los más recientes, este cambio disminuirá el salario de referencia. Si se asume que los salarios más antiguos crecieron a 1% real por año, la nueva fórmula representa una disminución de 2,4% en la pensión.
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El tercer cambio es el más fuerte pues afecta a todos los futuros pensionados y consiste en la reducción de la cuantía adicional que pasará de calcularse a partir de los 25 años en lugar de los 20 años actuales. Los beneficios del IVM se calculan con base en una cuantía básica que varía entre 43% y 52,5% del salario de referencia; a mayor salario promedio de cotización menor será ese porcentaje y viceversa. Sobre la cuantía básica, la fórmula otorga 1% adicional de pensión por año cotizado. Así, si una persona llega a los 65 años con la menor cantidad de cuotas que exige el régimen (300 cuotas), antes del cambio cobraba una pensión entre 53% y 62,5% del salario de referencia. Con los cambios aprobados por la CCSS, pasará a cobrar entre 48% y 57,5%. Para este grupo de trabajadores, la combinación de las dos medidas (ampliación del periodo para calcular el promedio y reducción de la cuantía adicional) representa una baja cercana al 11% en el monto de la pensión.
Problemas del IVM.
El Régimen de IVM es parte de la familia de regímenes llamados de reparto, lo cual significa que las cotizaciones de los trabajadores actuales se utilizan para el pago de los beneficios otorgados. Es un régimen generoso pues con excepción de los cotizantes que se encuentran en la parte más alta de la distribución del ingreso, el beneficio que paga en promedio duplica las cotizaciones capitalizadas hechas por el contribuyente. De hecho, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, de 2018, calculó que cada pensionado del IVM recibe un subsidio implícito $153.000 por encima de las cotizaciones que realizó, incluyendo su capitalización.
Al ser un sistema de reparto, para pagar este subsidio el IVM utiliza las cotizaciones de los trabajadores activos. Sin embargo, se requieren siete trabajadores activos por cada pensionado para mantener el equilibrio del sistema, mas en la actualidad solo cotizan cerca de cinco trabajadores por pensionado.
La CCSS es parcialmente responsable del incremento en la cantidad de desempleados y trabajadores informales, pues el rumbo de los cambios en el IVM ha venido encareciendo la formalidad en el país, mediante incrementos en la tasa de cotización y ahora una importante reducción en los beneficios.
Tres variables influyen en la caída de cotizantes por pensionado. En primera instancia está el envejecimiento de la población que combina un aumento en la longevidad de la población pensionada y una drástica caída en la tasa de fecundidad. En segundo lugar, está la altísima tasa de desempleo que tiene el país, entre las mayores del continente americano, la cual no cede en esta época poscovid, a pesar de la reapertura parcial de las actividades económicas. En tercer lugar, se encuentra el incremento en la cantidad de trabajadores informales, los cuales de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pasaron de 652.000, en 2011, a 1.040.000, en 2020.
La CCSS es parcialmente responsable del incremento en la cantidad de desempleados y trabajadores informales, pues el rumbo de los cambios en el IVM ha venido encareciendo la formalidad en el país, mediante incrementos en la tasa de cotización y ahora una importante reducción en los beneficios. Hay que recordar que antes del año 2010, la tasa de cotización tripartita al IVM era 7,5%. A partir de enero de 2023 esa tasa será 11,16%, para un aumento de casi 50% en la tasa de cotización. A ello se le suman medidas draconianas que desincentivan la afiliación de trabajadores independientes, como los planes de la CCSS de cobrar cuotas sobre ingresos vinculados a las rentas pasivas y el cobro retroactivo irrestricto de cuotas por la facturación de servicios profesionales.
Es por ello que medidas como aumento en las tasas de cotización y reducción de beneficios no deben ser anunciadas de forma aislada, ni pueden ser consideradas reformas a un sistema de pensiones que se vuelve cada día más excluyente. En cambio, las medidas anunciadas deben ser parte de una hoja de ruta de reformas que logren tres objetivos: incentiven la permanencia y atraigan a nuevos cotizantes, logren la sostenibilidad del sistema y garanticen la suficiencia de las pensiones a futuro.
Ninguno de estos tres objetivos se cumple con los cambios anunciados. Ante la ausencia de tal plan, el IVM fracasará en el desafío enorme de cautivar a los trabajadores independientes e informales, con una propuesta de beneficios que sea razonable, ni tan generosa como para llevar el sistema al colapso, ni tan débil (más años de cotización, tarifas más altas y pensiones más bajas) como para no lograr enganchar a nuevos cotizantes.