L os partidos políticos de nuestro país han seleccionado sus candidatos a diputados y la ocasión es propicia para reflexionar sobre el Parlamento. Las democracias representativas atraviesan crisis y la nuestra no es una excepción.
Inclusive en una democracia reconocida como la de los Estados Unidos la evaluación ciudadana del Congreso cae por debajo del 20 %. De acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), la Asamblea Legislativa de Costa Rica es la institución peor evaluada.
Han sido múltiples, desde hace varios años, las sugerencias para reformar el Poder Legislativo. Comisiones de notables y legislativas, y expertos nacionales y extranjeros han buscado la ruta de la reforma para mejorar su representatividad y eficiencia.
A las puertas de una nueva legislatura es conveniente reflexionar sobre algunas reformas que podrían implementarse, aprovechando sus inicios, alejados de las tormentas electorales futuras.
Es preciso identificar primero los obstáculos. Por una parte, hay que superar el simplismo de quienes creen que bastaría con reformas al reglamento de la Asamblea para mejorar la institución. Por otra parte, hay que evitar la ingenuidad de quienes piensan en modificar el régimen existente de manera radical (tránsito hacia el parlamentarismo).
La reforma parlamentaria no es un problema de reglamento, aunque parte del camino pasa por ahí. Es un proceso que tiene que dirigirse hacia modificaciones en las funciones de la institución, fundamentalmente cambios en las relaciones de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo. Cambios estructurales en el régimen político no son viables ni política ni constitucionalmente, por el momento.
Es imperativo pensar en reformas parciales y graduales que no entren en contradicción con el actual sistema multipartidista. Ningún partido político con representación en el Congreso va a suicidarse adoptando reformas que perjudiquen su actual posicionamiento.
El primer gran tema que debe abordarse es la reforma al sistema de elección de los diputados, responsable directo de gran parte de la fragmentación partidaria que impide un flujo normal del proceso parlamentario. Es claro que el multipartidismo no a va desaparecer, por razones políticas y sociológicas; sin embargo, debería buscarse una simplificación que haga más fácil la negociación política en Cuesta de Moras.
El nuevo sistema debe mantener un componente de proporcionalidad (lista nacional) pero debe introducir distritos electorales, donde el principio mayoritario contribuya a la gobernabilidad, entendida esta como producción de mayorías parlamentarias, mejorándose así la eficiencia legislativa sin perjuicio de la representación proporcional.
Adicionalmente debería discutirse la creación de una vía rápida con restricciones (dos proyectos al año) para ciertos proyectos del Poder Ejecutivo, lo que permitiría enfrentar problemas urgentes como el déficit fiscal que no deben quedar expuestos al filibusterismo legislativo.
Esta concesión al Ejecutivo debería ir acompañada de otorgar al Parlamento poderes para la censura constructiva del Gabinete o de los ministros.
Paralelamente, podría introducirse la comparecencia obligada del ministro de la Presidencia cada quince días ante el Parlamento para responder preguntas de los diputados depositadas con anterioridad. Lo anterior fortalece el papel del Congreso en el proceso de rendición de cuentas del Ejecutivo.
Como lo señalara la Comisión de Notables hace algún tiempo: para la conducción de los debates en el plenario legislativo se establecerán plazos estrictos y proporcionales por diputado y por fracción en el uso de la palabra, esta misma lógica debería aplicarse a la totalidad del proceso legislativo.
Igualmente es necesario considerar el establecimiento de plazos para la votación de nombramientos de autoridades públicas; vencidos estos, la Asamblea no debería conocer otros asuntos mientras no se realice la votación. Particularmente importante resulta esta posibilidad frente a las vacantes de magistrados suplentes y propietarios de la Corte Suprema de Justicia.
También debería considerarse la posibilidad de la reelección consecutiva de diputados con límites temporales, lo cual mejoraría el proceso de rendición de cuentas y evitaría que se descarte la experiencia parlamentaria acumulada.
Sugerimos algunas reformas con el ánimo de empezar un debate sereno sobre el mejoramiento de la Asamblea Legislativa. Nuestro punto de vista es que la reforma debe ser de naturaleza estructural y no limitada a reformas reglamentarias puntuales.
Los problemas de fondo residen en el sistema de nombramiento de los diputados y en sus relaciones con el Ejecutivo, obviar lo estructural solo contribuiría a prolongar la crisis parlamentaria.