La situación hacendaria de Costa Rica es seria; lo ha sido desde hace varios lustros y la pandemia la agravó. Superada la intransigencia mostrada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) cuando fue oposición y la irresponsabilidad fiscal de la administración de Luis Guillermo Solís, este gobierno encontró un ambiente propicio para avanzar hasta alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con mil tropiezos se logró en su momento la aprobación de la transformación del impuesto de ventas en el IVA, la creación del impuesto a las ganancias de capital y se introdujo la llamada “regla fiscal”, entre otros cambios. Las reformas aprobadas han hecho que los ingresos del Gobierno aumenten, pero todavía queda mucho trecho por recorrer.
Para proceder con los desembolsos futuros, que darían un respiro a las finanzas públicas y estabilidad al Gobierno, el acuerdo con el FMI requiere la aprobación de reformas adicionales, entre ellas, la ley que regule el empleo público, la eliminación de algunas exoneraciones (impuesto de renta al salario escolar, por ejemplo), la introducción de la renta global, y un nuevo impuesto a la propiedad de casas valoradas en $200.000 o más. Ninguna de ellas es del agrado entusiasta de los partidos políticos representados en el Congreso, ya sea porque afecta a sectores electoralmente relevantes o por el rechazo generalizado que provoca la medida.
Ciertamente, para resolver el problema de fondo de una manera sostenida, es indispensable avanzar en los tres pilares de la disciplina fiscal: aumento en los ingresos, restricciones en el gasto y la adopción de reformas estructurales que eviten caer de nuevo donde estamos. Es cierto también que la agenda acordada con el FMI no es perfecta: aparte de la propuesta para reformar el régimen de empleo público –ya bastante diluida por los cuestionables criterios de la Sala Constitucional–, el costoso e ineficiente sector público costarricense no ha sido sometido a la cirugía que hubiéramos esperado. Son igualmente desalentadoras las reiteradas excepciones –promovidas por la oposición algunas y acuerpadas por el gobierno todas– a la regla fiscal y al desperdicio de recursos que se percibe en prácticamente todas las instituciones.
Pero, si al Gobierno podemos reprocharle su predilección por más tributos y endeudamiento sin mucho compromiso con las reformas estructurales, a las fracciones del PUSC y del PLN hay que señalarles que es imposible quedarse de brazos cruzados, vociferar para que no haya ni más impuestos, ni reducción de exoneraciones, ni reducción de la planilla estatal, ni reforma estructural y, al mismo tiempo, pretender que nada malo va a ocurrir. Si al Gobierno le ha faltado destreza e involucramiento en la tramitación de los proyectos en la Asamblea Legislativa, proponer un receso legislativo durante el mes de enero prelectoral o posponer las decisiones para después del cambio de Gobierno solo agravaría el problema, pondría en riesgo el acuerdo con el FMI, y amenazaría con que la situación económica se salga de control.
Si al Gobierno le ha faltado destreza e involucramiento en la tramitación de los proyectos en la Asamblea Legislativa, proponer un receso legislativo durante el mes de enero prelectoral o posponer las decisiones para después del cambio de Gobierno solo agravaría el problema
—
En este contexto, no son de extrañar las posiciones fiscalmente irresponsables del diputado y candidato del Frente Amplio, José María Villalta, junto con su reciente aliada, la diputada Paola Vega. Su grupo de apoyo y la ideología estatista de la izquierda latinoamericana las explican sobradamente. Lo que sí es desconcertante son las posiciones ambivalentes del candidato liberacionista, José María Figueres, en torno a la agenda del FMI, al punto de que llegó a hablar de una renegociación (¿otro PAE III “a la tica”?); la poca contundencia que a ratos muestra la candidata socialcristiana, Lineth Saborío, en materia de reforma al empleo público, y las inconsistencias y contradicciones diarias a lo interno de las respectivas fracciones legislativas en relación con prácticamente todos los proyectos de aquella agenda. Se supone que ambos partidos lideran las encuestas de opinión y que ambos tienen posibilidades reales de ejercer el poder a partir de mayo de 2022. Se supone también que querrían hacerlo en un ambiente de relativa estabilidad económica y social.
Los cuatro años que siguen no serán fáciles para nadie. Los problemas que enfrenta el país han venido acumulándose año con año y afectan sectores medulares para su desarrollo, como lo son la educación, la seguridad social, la seguridad ciudadana y narcotráfico, la energía y telecomunicaciones, la infraestructura. Ese deterioro se profundizó en medio de la pandemia, truncando las oportunidades de muchos y acelerando una creciente desigualdad, con un sector productivo que a duras penas ha logrado sobrellevar la crisis. Antes de continuar con fantasiosas promesas electorales que no podrán cumplir, es necesario retomar la seriedad y hacer la tarea que hoy corresponde. Si el Poder Ejecutivo está dispuesto a allanar el camino del gobierno venidero a costa de la desteñida candidatura de su propio partido, lo menos que podemos esperar de los eventuales futuros inquilinos de Zapote es menos oportunismo y un poco más de sensatez y responsabilidad.