El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es una institución ejemplar y por su condición de firme garante de la pureza de los procesos electorales costarricenses ha ganado reconocimientos en América Latina y en el mundo.
El TSE ha administrado más de quince elecciones nacionales y nadie ha podido señalarle una sola mancha a su independencia e imparcialidad.
Gran parte de esa exitosa labor obedece a la presencia de jueces probos, para también a una inteligente institucionalidad que mantiene a sus funcionarios a muy buena distancia de la política partidaria.
El nombramiento de los magistrados electorales por la Corte Suprema de Justicia hace que la influencia de los partidos no afecte su labor en el conteo de votos transparente y genuino, ni las decisiones que toma como juez electoral (recursos de amparo electoral).
La presencia de representantes de los partidos en los centros electorales constituye un mecanismo de eficaz control del proceso, pues la vigilancia recíproca entre los partidos es una vía de vigilancia adicional a la ejercida por los funcionarios del Tribunal.
Una institución apreciada por los ciudadanos
Esta sólida institucionalidad le ha ganado la confianza de la ciudadanía, expresada en todas las encuestas de opinión pública; los ciudadanos saben que en Costa Rica no existe el fraude electoral. EL TSE es una de las instituciones más apreciadas por los costarricenses.
La cultura política de los costarricenses rechaza la manipulación de los votos y contamos con medios de comunicación alertas y vigilantes, listos a denunciar el menor desliz en este terreno.
Las potestades de interpretación constitucional en materia electoral fortalecen aún más la posición jurídico institucional de nuestro organismo electoral.
Además hay que señalar su importante contribución jurisprudencial en defensa de la democracia interna en los partidos políticos y su eficaz papel como guardián de los recursos públicos empleados en los procesos electorales.
Aparte de su fuerza institucional y del respeto ciudadano, el TSE está integrado por personas de intachables condiciones intelectuales y morales, algunos de ellos destacados profesores en las mejores facultades de derecho del país.
Institucionalidad y capacidad para la interpretación de las normas jurídicas brindan una gran seguridad jurídica en el proceso de administración de las elecciones y en la adjudicación final de los cargos de elección popular.
Una democracia electoral con larga historia
Poner en duda la integridad de los magistrados y la eficacia de la institucionalidad electoral, como se ha atrevido a hacerlo en estos días algún candidato poseído de pasiones electorales malsanas, constituye no sólo un acto político irresponsable, sino una traición a la democracia costarricense. Estas actuaciones ocultan intenciones de desconocer los resultados electorales.
La democracia electoral costarricense tiene una larga historia y no la conquistamos de la noche a la mañana, tuvimos que dejar atrás el voto condicionado a los bienes y a la educación que se tuviera, rechazamos el voto público y el voto indirecto y finalmente las mujeres alcanzaron el derecho a la participación electoral.
Todas estas conquistas exigieron luchas políticas importantes, nadie le regaló nada a una ciudadanía en búsqueda permanente de una democracia más fuerte y de mejor calidad.
Poner en duda esa rica herencia histórica acudiendo a la mentira y a la falsedad constituye una grave falta contra nuestra patria democrática, revela desprecio por la democracia y sus instituciones, así como oscuras pulsiones autoritarias.
El Tribunal Supremo de Elecciones está libre de toda sospecha y los creadores de suposiciones y mentiras se encontrarán con un pueblo educado y libre que el próximo 4 de febrero acudirá a las urnas con la confianza y firme convicción de que el TSE es un árbitro imparcial que garantiza la pureza e imparcialidad del proceso electoral.