Los mandatos constitucionales y diversas leyes que establecen destinos específicos del gasto público reducen el margen de maniobra para reducir el déficit fiscal e imponen obligaciones sin consideración alguna sobre la ejecución de los recursos en cuanto a calidad y monto.
Se trata de obligaciones muy puntuales que le indican al Gobierno el destino —usualmente una institución— y el monto específico por transferir. El tema, abordado en nuestra edición anterior, amerita atención pues los llamados destinos específicos son una de las causas importantes de la brecha fiscal al crearle gastos al Gobierno sin nuevos ingresos para financiarlos.
El problema, sin embargo, no radica solo en el peso sobre las finanzas públicas sino también en que esas obligaciones de gasto se establecen por tiempo indefinido sin sujetarse a ningún tipo de evaluación que permita determinar si la necesidad que le dio origen persiste, si el monto establecido es el requerido y si el fin para el cual fue creado se cumple. En particular, los datos muestran que muchas de las instituciones receptoras de estos fondos mantienen permanentemente superávit lo cual evidencia que hay espacio para reducir el monto de las transferencias.
La Sala Constitucional ha protegido el derecho de las instituciones de recibir los recursos tal y como fueron establecidos por ley, pero nadie ha reclamado la obligación de las instituciones de usar los recursos adecuadamente. Este fue, incluso, un tema en el cual se insistió durante la última discusión del Presupuesto Nacional y que revela la creciente preocupación sobre la sub-ejecución de estos fondos, aunque nada se ha hecho para encontrar una solución.
Los mandatos constitucionales con destinos específicos del gasto merecen especial atención por la magnitud de recursos involucrados y porque no crearon una nueva fuente de ingreso para cubrir las obligaciones. El 8% del PIB para educación y el 6% de los ingresos fiscales para el Poder Judicial representan el 40% del gasto total del Gobierno, como indica el estudio elaborado por la Academia de Centroamérica sobre el tema.
Estos mandatos se han venido cumpliendo cabalmente. En el caso del Poder Judicial, incluso, se ha superado el monto establecido por la Constitución. El fortalecimiento de la educación y del sistema judicial ha sido, sin duda, un acierto de la política pública de nuestro país pero no puede abstraerse de dos elementos fundamentales hasta ahora ignorados por los legisladores: la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos. Esto es cierto, también, para el cúmulo de leyes con destino específico hasta hoy aprobadas.
El Ministerio de Hacienda planteó una hoja de ruta para enfrentar el problema fiscal en un foro organizado en octubre por Uccaep y, en esa ocasión, se comprometió a hacer una revisión de los destinos específicos en el 2015. Hoy, el ministro de Hacienda afirma que no está en sus prioridades. Difícilmente será posible enfrentar la delicada situación fiscal si no se atiende este problema ya que se trata de obligaciones que representan más de la mitad del gasto del Gobierno y tres cuartas partes de los ingresos fiscales.
Con voluntad firme sería posible ordenar esta situación administrativamente pero el Ministerio de Hacienda podría toparse, como en muchas ocasiones, con la orden expresa de la Sala Constitucional de cumplir con lo establecido por la ley, dejándole poco margen para actuar.
Por eso, la situación requiere reformas legales que, por un lado, impidan crear en el futuro destinos del gasto sin fuente de financiamiento y sin plazo de vigencia, y que, por otro lado, revisen y adecúen las leyes actuales a la luz de la evaluación del uso de los recursos, a la vez que se les someta a una permanente rendición de cuentas y a plazos definidos.