E ntre los temas de mayor trascendencia y valor estratégico para las organizaciones modernas, sean estas con o sin fines de lucro, del ámbito público o de la esfera privada, están –sin duda alguna– su estructura y dinámica de gobierno interno.
Típicamente una organización tiene en su estructura de gobierno una junta directiva, muchas veces dividida en comités temáticos, un gerente general o jefe ejecutivo, un equipo ejecutivo que trabaja con y para este último, y un sistema de auditoría interna y externa que deben reportar directamente a la junta directiva o al comité designado por esta.
En esta estructura de gobierno cada una de las instancias mencionadas tiene un papel clave que cumplir.
La junta directiva idealmente debe definir la misión y visión de largo plazo de la organización, participar activamente en la definición y aprobar la estrategia por medio de la que se buscará cumplir con dicha misión y visión, nombrar y supervisar al jefe ejecutivo y monitorear –en representación de los accionistas, propietarios y otros públicos interesados– la ejecución de la estrategia y la gestión del riesgo, dentro de los límites establecidos por la ley, la ética y el buen uso de los recursos a disposición de la organización.
Los comités típicos de una junta directiva incluyen los siguientes: auditoría y riesgo, nombramientos y gobierno corporativo, compensación, inversiones e infraestructura y, dependiendo de la naturaleza de la organización, comités de carácter técnico según la industria o algún otro que analice o promueva temas centrales de la estrategia de la organización.
La junta directiva debe estar compuesta por personas que aporten capacidad técnica, experiencia y relevancia para la industria en que opere y que estén libres de compromisos que los enfrenten con potenciales conflictos de interés con la organización.
Es importante también que los directores representen los intereses de los propietarios y, en el caso de una junta directiva pública, del interés nacional, del bienestar de las mayorías y de lo que la ley indique respecto a la entidad en cuestión.
En Costa Rica muchas veces, y en particular en referencia a entidades públicas autónomas, estas reglas básicas no se siguen.
Es muy frecuente en nuestro país encontrar casos en los que lejos de apostar por la capacidad técnica se asignan en esos puestos a personas que representan intereses políticos, sectoriales o sindicales.
Se utilizan, en algunos casos, las juntas directivas para asignar cuotas de poder y pagar deudas de campaña electoral, pero no necesariamente para garantizar la buena conducción estratégica de las organizaciones o instituciones.
En las páginas 4 y 5 de la presente edición de EF, presentamos los principales resultados de un análisis realizado por la periodista Eugenia Soto Morales, respecto a la composición de las juntas directivas de los bancos públicos: Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Bancrédito y Banco Popular.
Dicho estudio muestra cómo más de un tercio de los directores de dichas enidades no cuentan con experiencia o formación en el campo financiero. Aunque se puede argumentar que en una junta directiva la diversidad se traduce en riqueza analítica, sí llama la atención que un alto porcentaje de las personas escogidas sean figuras políticas que tienen cierto peso dentro de los partidos que han representado.
Si el argumento es que tales personas llevan a estas juntas directivas una visión del desarrollo basada en su filosofía política, también se aumenta el riesgo de que sus decisiones tengan un sesgo político más que técnico, que en un momento dado pueden entrar en conflicto con los marcos regulativos del sector o con la conveniencia y consistencia estratégica de la entidad en cuestión.
Los bancos públicos tienen dietas importantes y un ritmo de reuniones que las convierten en una importante fuente de ingreso para sus directores, quienes por la frecuencia de las sesiones pueden terminar por intervenir en la conducción operativa del banco, muchas veces con una visión política de la estrategia, el riesgo y las operaciones.
En otras entidades autónomas el problema de la composición de las juntas directivas se repite y se agrava, no solo porque muchos directores no llenan el perfil técnico necesario, sino también porque muchos de los que sí llenan dicho perfil se encuentran en un constante conflicto de interés al representar intereses de empresas y sectores que en teoría deben ser regulados, o que son proveedores, de la institución en cuestión.
Es crítico resolver estas situaciones.
En un mundo cada vez más complejo en su dinámica internacional, cada vez más exigente en términos técnicos, y cada vez más competitivo por cada recurso disponible, la buena conducción estratégica de las organizaciones es clave.
Hay que definir con claridad los requisitos y límites que deben regir los nombramientos en juntas directivas de las entidades autónomas del Estado costarricense y hacer los cambios en leyes y reglamentos que se requiera para lograrlo pronto.
Es lo correcto.