Tras años de debate, 130 países y jurisdicciones acordaron la semana anterior avanzar hacia una profunda reforma en el régimen tributario internacional. Esta decisión viene precedida de un acuerdo logrado el mes de junio pasado en el foro de países ricos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón), cuando se decidió dar un fuerte impulso a dicha reforma. En principio, lo que se busca es diseñar un nuevo régimen tributario que impida que las empresas multinaciones —con sede un país determinado y operaciones en múltiples jurisdicciones— eviten el pago de impuestos con la consiguiente erosión en la base impositiva y el impacto que ello tiene en el manejo fiscal de los gobiernos. El tema adquiere hoy suma relevancia, pues el problema fiscal se ha agudizado en este último año debido a los gastos extraordinarios y la disminución de ingresos generados a raíz de la pandemia.
La propuesta tiene dos pilares fundamentales: primero, hacer que las grandes empresas tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Apple, entre otras) paguen impuesto sobre la renta en las jurisdicciones en que realizan operaciones (ventas), sin importar en que país está localizada legalmente su sede principal. Con ello se estaría evitando que algunos países, como Francia o India, prosigan con sus intenciones de tasar de manera unilateral a estas empresas y el riesgo de caer en prácticas discriminatorias contra las firmas de otros países.
Segundo, tasar a las empresas multinacionales con un impuesto mínimo global del 15%, de manera que las empresas de un país (por ejemplo, Estados Unidos) paguen al menos ese porcentaje, independientemente del lugar del mundo en el que se obtengan las ganancias (por ejemplo, Costa Rica). Así, si una empresa estadounidense traslada parte de sus operaciones a una jurisdicción con una imposición más baja (por ejemplo, una empresa beneficiaria del régimen de zonas francas en Costa Rica), dicha empresa tendría que pagar a su gobierno de origen la diferencia entre esa tasa mínima y la cantidad que la empresa pagó por sus ganancias aquí.
Hasta ahora, los esfuerzos realizados por los países ricos para captar parte de los ingresos fiscales que pierden cuando las empresas trasladan sus beneficios al extranjero no han sido eficaces, y muchos expertos creen que sólo un esfuerzo concertado como este marcará una verdadera diferencia. A su vez, es de esperar que los países en donde se realizan dichas operaciones se vean también beneficiados, pues ya no tendrían que ofrecer exenciones totales para competir en la atracción de la inversión extranjera, tan cotizada a nivel mundial y tan necesaria en países como el nuestro.
Con este acuerdo político, se cree que los países detendrán la llamada carrera a la baja de las tasas impositivas de las empresas y evitarán que las multinacionales sigan respondiendo a estos incentivos trasladando sus activos a países que les ofrecen un tratamiento fiscal bajo o incluso nulo de los ingresos que producen esos activos. Según la OCDE, los países de todo el mundo pierden unos $100.000 millones al año en ingresos fiscales por estas medidas de “erosión de la base y traslado de beneficios”.
Este acuerdo político carece todavía de muchos detalles técnicos que deberán definirse en los próximos meses o incluso años. Hasta entonces, nadie puede estar seguro de cuál será efectivamente el impacto de este impuesto mínimo global y sus efectos locales en los regímenes de atracción de inversiones. Sin embargo, lo lógico es que, oportunamente, el país revise la tasa impositiva de su actual régimen de zona franca, elevándolos al 15%, ya que no tendría sentido conceder una exención fiscal a nivel local si el beneficiario tendría que pagar el impuesto en otro lugar.
Mientras tanto, lo procedente es que el país participe y dé seguimiento al diseño de este nuevo régimen impositivo en el foro de la OCDE, con el propósito de que la reforma en efecto nos beneficie y, sobre todo, que avancemos seriamente en los cambios internos que se requieren para mejorar los factores que inciden en la competitividad del país y en la capacidad de seguir atrayendo la vital inversión extranjera, sin depender tanto de los incentivos fiscales.
Esa tarea se torna ahora impostergable y de sobra sabemos cuáles son las medidas que debemos tomar para lograrlo: mejoras sustanciales en educación y entrenamiento, acceso universal a Internet de alta velocidad, mayor inversión en investigación y desarrollo, eliminación de trámites innecesarios y adopción del gobierno digital, más competencia en los mercados —incluyendo el eléctrico—, el descongestionamiento de la Gran Área Metropolitana, y una mejora en la gobernanza del aparato estatal, entre otras de relevancia.