Tras años de un crecimiento descontrolado del gasto público y un muy retrasado e insuficiente ajuste fiscal —agudizado por los efectos económicos de la pandemia—, el país se vio en la necesidad de sentarse a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de iniciar un doloroso proceso de saneamiento de las finanzas públicas. El acuerdo es necesario y conveniente para tener acceso a créditos blandos y enviar señales de confianza a los mercados internacionales, que redundarían en posibles mejores tasas de interés.
Algunos componentes de lo convenido con el FMI, son compromisos que ya habían sido adquiridos por el Poder Ejecutivo con anterioridad, pero no por ello deja de ser esencial que formen parte de los condicionamientos cuyo desempeño será evaluado periódicamente como requisito para los desembolsos futuros. En efecto, la aplicación estricta de la regla fiscal ya vigente, junto con el congelamiento de las pensiones mayores a ¢462.000 mensuales y de plazas vacantes, será indispensable para asegurar una reducción efectiva del gasto, en especial tratándose de transferencias y remuneraciones eventuales.
Del mismo modo, es crucial la reforma integral al régimen de empleo público —gestada inicialmente desde hace varias administraciones y prometida luego de la aprobación del paquete fiscal aprobado en el 2019—, en el tanto el salario único o global que se propone sea aplicable a todos los funcionarios (nuevos y viejos, en todas las instituciones) y se prohíban nuevas convenciones colectivas que generen gasto en cualquier entidad estatal, incluyendo las que están en régimen de competencia.
Por el lado de los ingresos, mediante la aprobación de nuevos impuestos y la eliminación de algunas exoneraciones (como la transición hacia un régimen de renta global, el pago de impuesto de la renta generada por el salario escolar, un impuesto sobre las casas de habitación que sustituiría al actual impuesto solidario, o el tributo a los premios de lotería), se espera una recaudación equivalente al 40% del ajuste. Ningún impuesto es agradable, pero es indispensable reconocer que el ajuste debido no es posible si el paquete no incluye también ingresos frescos.
A pesar de lo dicho, al margen de este acuerdo permanecen medidas de fondo adicionales que deberán discutirse y aplicarse de manera complementaria en el futuro si queremos que el saneamiento sea sostenible en el largo plazo. El trasfondo del excesivo gasto público responde en parte importante a un crecimiento desordenado del Estado y sus instituciones, que genera una planilla exagerada y consume un 50% de los ingresos corrientes, el porcentaje más alto entre todos los países miembros de la OCDE y más del doble que el promedio. Si bien la regla fiscal y la reforma al régimen de empleo público atenderán primordialmente este problema, también es cierto que subsisten una gran cantidad de zombis institucionales, cuya razón de ser pudo existir en el pasado, pero que hoy son de muy difícil justificación. Esa lista la encabezan entidades como el CNP, Japdeva, el IFAM, Racsa y CNFL, entre otras. La verdad es que una parte importante del Estado responde a una realidad social y económica de hace 40 años, al cual se agregaron más entes y órganos conforme esa realidad ha evolucionado, pero sin ajustar lo que ya no es útil.
Una reforma institucional haría menos ingrata la aprobación de nuevos impuestos, y destrabaría el quehacer estatal, propiciaría una mejora en la prestación de los servicios públicos y mandaría el mensaje correcto a un sector privado ávido de señales que lo estimulen. Si agregamos la venta de algunos activos para amortizar parte de la deuda, promovemos la competencia de sectores todavía muy protegidos, reducimos restricciones arancelarias y no arancelarias que encarecen la producción y la vida diaria de los costarricenses, y rompemos algunos de los monopolios públicos que quedan; estaríamos creando las condiciones para retomar la senda del crecimiento y la generación de empleo y, con ello, la recaudación de más impuestos para sufragar los gastos de un Estado más eficiente y menos estorboso.
Los diputados tendrán ahora el deber de verificar la pertinencia y razonabilidad de cada una de las propuestas, individualmente y en su conjunto, pero con la certeza de que el naufragio del acuerdo con el FMI tendrá consecuencias fiscales y económicas graves. Estarán en su derecho de plantear las enmiendas que procedan, en el entendido de que cualquier eventual cambio o reducción deberá ser, sin embargo, compensada con recortes o ingresos de otra naturaleza, pero igual rentabilidad.
Lo cierto es que no tenemos mucho espacio, ni tiempo. Ninguna solución será sencilla, pero las consecuencias de no hacer nada, o hacerlo tarde, serían mucho peores. Y en este cometido, todos estamos en la obligación de hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar un acuerdo suficiente y razonable, que nos permita salir del hueco en que nos encontramos.