En los últimos meses, un grupo de aproximadamente 60 empresas nacionales y multinacionales lanzaron, de la mano de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), un programa de responsabilidad social llamado Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema.
El programa nace de la conciencia de los directores de dichas compañías de que, pese a ofrecer salarios apropiados con acceso a las prestaciones de ley, existe un porcentaje de sus colaboradores que viven en pobreza y hasta en pobreza extrema. Esto es causado por las condiciones particulares que enfrentan algunas familias al tener que albergar demasiados miembros, al enfrentar gastos por la condición especial de alguno de sus miembros o por otras decisiones que sobrecargan su capacidad financiera.
Los diagnósticos iniciales hechos por las empresas revelaron problemas de adicción en los hogares, falta de vivienda adecuada, falta de acceso a guarderías para niños y ancianos que limitaban la capacidad de trabajo en la familia, parientes con enfermedades crónicas, terminales o incapacidad permanente, mal manejo de finanzas y, en general, muchas formas en que la familia de un buen trabajador puede caer en situaciones difíciles.
Es muy valioso desde el punto de vista de innovación en el combate a la pobreza que estas 60 empresas, con amplia capacidad de planificación, negociación y ejecución asignen recursos humanos calificados a diseñar programas para erradicar la pobreza en sus organizaciones. De esta experiencia se pueden extrapolar lecciones y programas que pueden ser emulados en otras organizaciones y servir como base para la articulación eficaz de programas de gobierno.
Una base fundamental del programa es que los hogares afectados por la pobreza ganen acceso y hagan uso pleno de los programas de Gobierno, estableciendo alianzas público-privadas de hecho, en que las empresas articulen los puentes necesarios para que sus familias más vulnerables hagan uso eficaz de los recursos que el Estado destina a atender sus necesidades particulares. Ya hay resultados concretos de esta iniciativa, lo que demuestra que con el acceso adecuado, los programas oficiales realmente alivian la situación de pobreza.
Esto lo complementan las compañías con programas internos de información y educación destinados a prevenir, en la medida que es posible, la repetición o profundización de las razones que dieron origen a los problemas de las familias o para enseñarles lo necesario para manejar cada situación de la mejor manera posible.
Aparte de una obligación de carácter moral –pues como dijera el filántropo suizo Stephan Schmidheiny, “no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas”– las empresas se benefician de contar con colaboradores más saludables, más motivados y, por lo tanto, más productivos, tanto aquellos que se benefician directamente de los programas, como los que sienten orgullo de pertenecer a compañías que se preocupan y responden a las necesidades de sus colaboradores.
Esta experiencia debe ser aprovechada y expandida, tanto en el sentido de llevarla a muchas más empresas y dar así un paso en firme en el combate a la pobreza, como en el sentido de expandirla a temas ambientales y productivos, forjando alianzas eficaces y eficientes con las instituciones del Estado como mecanismo para potenciar el desarrollo equitativo, solidario y sostenible que debe caracterizar a nuestro país.