Por segundo año consecutivo, la alianza de partidos de oposición logró quedarse con el control del directorio de la Asamblea Legislativa y, por su medio, de la integración de las distintas comisiones de ese poder, incluida la estratégica Comisión de Hacendarios.
Una vez más, el elemento común que permitió el acuerdo político entre agrupaciones de muy distinta ideología fue la preocupación por la situación fiscal y su convencimiento de que, antes de cargar con más tributos a la ciudadanía, resulta indispensable adoptar medidas que frenen efectivamente el inmanejable gasto público.
La lista de proyectos incluidos en el acuerdo y el tono impuesto por su nuevo presidente, Antonio Álvarez Desanti, dan cuenta de la seriedad de sus intenciones y del sentido de responsabilidad que los mueve.
Del otro lado, el Gobierno, apoyado por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y sus fieles aliados del Frente Amplio, se empeñan en dejar relegadas las reformas estructurales que se requieren para garantizar sostenibilidad al deseado equilibro fiscal, dando muestras de no leer correctamente la comprometida situación en que se encuentran: a dos años de haber asumido el poder, la administración Solís Rivera ha dilapidado su capital político, perdió credibilidad en la discusión fiscal en razón de sus propios graves errores, y el desencanto reina entre quienes le dieron su respaldo electoral, ante la ausencia de un cambio que nadie ve ni entiende. Sin apoyo popular y sin el control del Congreso su situación es difícil.
Con todo, lo acontecido el primero de mayo y el mensaje de diálogo y actitud negociadora de los principales líderes de oposición, le ofrecen al Gobierno un puente de plata para llegar a acuerdos sustanciales, avanzar en la agenda legislativa y darle solución permanente al grave problema de las finanzas públicas.
Bastaría con que los diputados gobiernistas apoyaran la decisión de otorgarle una vía expedita a los proyectos de racionalización del gasto, pensiones abusivas y fraude fiscal, para que estos puedan ser aprobados oportunamente y se inicie de seguido la discusión y eventual aprobación de los cambios en materia impositiva.
Para eso, sin embargo, el Gobierno debe romper las cadenas que lo atan a los intereses particulares de ciertos gremios y sectores, desechar el discurso confrontativo y excluyente que muchas veces aflora, y asumir, con la responsabilidad que las circunstancias demandan, el costo político que implica eliminar privilegios y enfrentarse a grupos con fuerte capacidad de movilización.
En política, muchas veces no se escogen libremente las batallas que deben pelearse y el destino las escoge por nosotros; pero lo que sí es posible escoger es el aplomo y la determinación con que se asuman.
El presidente Solís puede escoger lavarse las manos, pasarle la tea a la Asamblea Legislativa y sentarse a esperar los resultados de la dinámica y ritmo parlamentarios. Pero puede también decidir que asumirá un papel protagónico y ejercer la influencia de su investidura para lograr que los acuerdos cristalicen más rápidamente. De lo que decida dependerá que salga airoso de esta importante coyuntura o que pase a la historia con la misma irrelevancia que su gobierno ha demostrado tener en estos dos años.