Costa Rica, país pequeño, altamente dependiente de su comercio exterior, ha abogado por décadas por el libre comercio y la apertura de mercados, tanto a nivel multilateral, en el foro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como a nivel subregional y bilateral, a través de la suscripción e implementación del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, vigente desde los años sesenta, como por los múltiples acuerdos de libre comercio firmados desde mediados de los noventa con México, Canadá, Chile, República Dominicana, Colombia, Perú, Corea, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.
La razón de ser de dicho entramado de acuerdos no es casual ni ha sido un capricho de nuestras autoridades de Comercio Exterior. Se trata de instrumentos que pretenden dar estabilidad y seguridad jurídica a los agentes económicos como incentivo para invertir, arriesgar e innovar; además, promueven que las medidas comerciales que adopten los gobiernos tengan razonabilidad y sustento técnico y se alejen cada vez más de la arbitrariedad que muchas veces ocasionan las presiones de los grupos de interés, a quienes poco les importa el bienestar nacional y mucho cuidan de sus propios bolsillos. Asimismo, buscan que las disputas o conflictos, que de tanto en tanto surjan durante la relación comercial, se resuelvan civilizadamente mediante la aplicación de reglas y principios previamente establecidos.
La fuerza del derecho, en lugar del derecho a la fuerza, se constituye así en piedra angular de nuestra política comercial, esencial frente a socios grandes y poderosos, pero importante también ante socios que tienden a tomar decisiones antojadizas y a abusar de su poder de imperio. Pero para poder invocar sin sonrojarnos las reglas que lleguen a ser violadas por esos socios es necesario que seamos nosotros los primeros en cumplirlas estrictamente y en velar por que la santidad de lo acordado (“pacta sunt servanda”) sea siempre respetada. Es a todas luces desvergonzado exigir que los demás cumplan con las reglas, cuando nosotros nos solazamos de violentarlas. Por esa razón, hemos criticado las contradicciones e inconsistencias recientes del gobierno de Costa Rica en este campo.
En efecto, el comportamiento que nuestro gobierno mostró, en la administración pasada y en esta, frente a las importaciones de aguacate hass provenientes de México, al burlarse del sistema, infringir las normas, e ignorar la ciencia, fue solo el espejo de lo que ahora sufrimos frente a las arbitrariedades panameñas, no por ello justificables. Asimismo, cuando el ministro de Agricultura de esta administración, recién entrado en funciones, anunció con bombos y platillos que “prometía” proteccionismo y aún ahora pregona que “los marcos jurídicos de defensa comercial imposibilitan la aplicación de instrumentos para una protección real de la producción nacional”, no hace más que invitar a que ahora otros cometan atropellos similares con nuestras exportaciones de lácteos y de productos cárnicos.
Mensajes igualmente errados se emiten cuando se reniega de la Alianza del Pacífico por miedo a la competencia, se imponen medidas de salvaguardia aparentemente injustificadas que alcanzan casi un 80% ad-valorem contra las importaciones de azúcar, o se renueva con los arroceros el compromiso de mantener el repugnante esquema vigente desde el 2002. No nos extrañemos, entonces, de que el mercado panameño se esté convirtiendo en un dolor de cabeza para los exportadores y autoridades costarricenses. El gobierno de Laurentino Cortizo, empresario y ganadero, aboga desde el Palacio de las Garzas por las mismas prácticas nocivas que algunos en el gobierno de Costa Rica también promueven mientras que otros las toleran sin levantar la voz cómo deberían, obligándonos a esperar a que un panel arbitral se pronuncie sobre lo que resulta obvio desde un inicio y a que nuestros productores paguen un alto costo mientras llega la resolución.
El mercado panameño es importante. También lo es que este se rija por normas que todos estén dispuestos a cumplir y a exigir. Lo que hoy está sucediendo en esa relación nos remonta 20 años atrás cuando prevalecían los atropellos y las represalias recíprocas. Hemos echado atrás en mucho de lo que se había logrado gracias a una política comercial sostenida y consistente en el tiempo y el actual doble discurso nos ha restado autoridad moral para reclamar lo que en derecho nos corresponde. Una lección más que aprender. No es tarde todavía para recapacitar y reencontrar el rumbo perdido.