El actual gobierno tiene la intención de vender el Banco de Costa Rica (BCR), propiedad del Estado costarricense, en una suma aproximada de $1.800 millones, sería para amortizar la deuda externa o interna.
Vender el BCR en el valor esperado es traspasar su patrimonio a un tercero con un precio de venta de 1,4 veces su patrimonio total según las cifras al 31 de diciembre del 2023.
Con el paso del tiempo se ha perdido riqueza en la banca del Estado desde el punto de vista financiero. Perdió el valor económico el Banco Anglo Costarricense, más bien se tuvo que poner plata por las grandes pérdidas. Cerró el Banco Crédito Agrícola de Cartago, le entregó los activos y pasivos al Banco de Costa Rica y capitalizó al Banco en $30 millones con fondos del presupuesto de la República.
Entre el 2008 y 2012 se hizo una fuerte capitalización de los bancos del Estado por más de $100 millones para fortalecer las suficiencias patrimoniales; recursos que en el tiempo han aumentado la gigantesca deuda. Lejos de recibir dividendos, más bien se ha puesto plata en la banca pública.
En países como México, Colombia, Perú y Chile se han vendido bancos estatales por cantidades importantes, dejándose solo un banco propiedad del Estado con funciones muy específicas. Por ejemplo: los que manejan los fondos públicos, enfocados en la banca para el desarrollo o bancos universales compitiendo con la banca privada local e internacional.
Vender el BCR a uno privado local o Internacional, a fondos de pensiones, a inversionistas a través del mercado de valores mediante la venta de acciones, contempla un beneficio muy importante a las finanzas públicas del país. No obstante, su venta tiene un gran riesgo y podría afectar su valor definitivo en el tiempo de negociación.
La garantía del Estado, los negocios como el manejo de los depósitos y de las instituciones públicas que hoy operan con el BCR se trasladarían al Banco Nacional de Costa Rica. Sería el único refugio de los depositantes que creen en la garantía estatal y el manejo de fondos y negocios estatales.
Los negocios de las instituciones públicas generan excelentes resultados económicos al BCR, sin ellos el valor del Banco es mucho menor. Por ejemplo, los depósitos del Poder Judicial, los saldos en cuentas corrientes y a plazo, los depósitos de instituciones públicas, las planillas de empleados, los negocios por comisiones con el Registro Nacional, licencias o pasaportes.
El BCR no ha sido un buen negocio financiero en las últimas décadas, la rentabilidad histórica de los últimos años no supera el costo financiero que representa para el país captar recursos en el mercado local e internacional, por lo tanto, lo correcto es lograr un buen trato para el Estado. No obstante, aunque su rentabilidad neta es inferior al costo de fondearse, antes de impuestos y aportes a instituciones, sí es un excelente negocio para el país.
El BCR mantiene inversiones fuertes en acciones comunes en una de sus subsidiarias, el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), institución que solo posee licencia bancaria en Panamá y que perdió parte de sus atributos, como fue la licencia bancaria en Costa Rica y recientemente la licencia limitada que tenía en Miami, Estados Unidos.
Como dueño del 51% de las acciones comunes, el BCR mantiene invertidos $133 millones de un total de $260,8 millones, donde el capital accionario adicional es propiedad del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Desafortunadamente Bicsa no ha sido un buen negocio para sus dos socios ni para el país. Su rentabilidad histórica anual de los últimos cinco años ha sido de tan solo el 3,14% en promedio, con el agravante que drena la suficiencia patrimonial de los dos propietarios. Esa subsidiaria definitivamente no agrega valor en rentabilidad, negocios y servicios que preste a sus dos únicos socios.
Con los atributos que tiene el BCR pero con importantes debilidades, contingencias y riesgos, es muy difícil obtener el precio esperado.
Propuesta de fusión por absorción
El BNCR por su tamaño, solidez patrimonial, cobertura nacional y posibilidad de rentabilizar el negocio de ambos bancos, está en la capacidad de absorber al BCR y aportar la expectativa que tiene el Ejecutivo para amortizar la deuda interna.
Mantener un solo banco estatal con el nombre de Banco Nacional de Costa Rica permite lograr los objetivos del gobierno, obteniendo en el tiempo el monto esperado de aproximadamente $1.800 millones y lo más importante es que el nuevo banco se rentabiliza a largo plazo conservando el patrimonio. Su participación de mercado pasaría de aproximadamente el 25% al 40% del mercado financiero local.
El proceso de fusión por absorción consiste en trasladar los activos, pasivos, patrimonio y sus colaboradores del BCR al Nacional. A cambio, el banco fusionado decreta una primera declaración de dividendos con la aprobación de una ley, seguidamente realiza una emisión de deuda subordinada en el mercado de valores, vende Bicsa en una suma cercana a $250 millones para liquidez y mejora en la suficiencia patrimonial, entrega activos fijos (edificios) al gobierno para sustituir arrendamientos onerosos y declara dividendos anuales en favor del Estado.
El ejercicio de vender Bicsa, fusionar el resto de las subsidiarias y entregar activos favorece en más 3% la suficiencia patrimonial del nuevo banco; pasando la entidad fusionada del 14,2% a más el 17%, indicador ideal para el reparto de dividendos, emisión de deuda subordinada y para declarar dividendos durante diez años.
El proceso de pago al gobierno sería de la siguiente manera:
- Una primera declaración de dividendos por $500 millones pagaderos al Estado con Títulos de Propiedad de Deuda Interna para su destrucción.
- Autorizar la venta del Bicsa de forma inmediata.
- Emitir deuda subordina por $500 millones en el primer semestre del 2025 en el mercado local con renta fija, para que el pago de los dividendos al Estado sea en efectivo producto de la colocación o en Títulos de Propiedad Deuda Interna emitidos por el Ministerio de Hacienda.
- Traspaso de activos fijos (terrenos y edificios) al Estado en el orden de $200 millones; cuyo propósito es sustituir arrendamientos por edificios propios del gobierno o de instituciones centralizas y descentralizadas a nivel nacional.
- Declaratoria de dividendos por $60 millones anuales durante diez años a partir del 2026 para el Estado hasta completar la suma de $600 millones. Dicha cantidad representa el sobreprecio calculado como valor del BCR por encima de su patrimonio al cierre del 2023.
Viabilidad sin entrega de dividendos
Absorber los activos, pasivos y patrimonio del BCR y vender Bicsa favorece la mayoría los indicadores financieros y de riesgo establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La suficiencia patrimonial del Banco Nacional sin Bicsa pasaría del 13,44% actual al 17% tras la fusión.
El indicador de eficiencia operativa mejora respecto a la actual del BNCR por las economías de escala que representa adquirir más negocios del banco fusionado con menos costos operativos; por lo tanto los indicadores de rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio tenderían a mejorar.
La participación del mercado de la nueva entidad representaría el 40% del negocio dentro sistema financiero.
Entregar activos mediante declaratoria de dividendos
Entregar $500 millones al Estado como dividendos en Títulos de Propiedad de Deuda Interna en colones o en dólares, desfavorecería las utilidades del banco fusionado en aproximadamente $17 millones anuales.
Emitir deuda subordinada por $500 millones a largo plazo una tasa aproximada del 8% fija, similar a las tasas de interés públicas en dólares, representaría una reducción en las utilidades de la entidad fusionada de aproximadamente $22,4 millones, pero contribuye con la suficiencia patrimonial. La colocación se haría por precio para lograr un menor costo financiero.
Entregar activos fijos de $200 millones, mejoraría las utilidades, producto de los ahorros en costos operativos por mantenimiento, impuestos municipales y depreciación.
La declaración de dividendos por $60 millones anuales por una década, exige al banco fusionado a ser eficiente en la generación de utilidades para cumplir el mandato legal y para capitalizar las restantes utilidades.
La fusión no representa el despido de empleados, todo lo contrario, fortalece el servicio al cliente personalizado, mejora la atención a las empresas, reduce sustancialmente las largas filas en los bancos, mejora la eficiencia operativa y lo más importante es que el Estado mantiene un negocio en marcha, creciente y con profesionales.
Luego de la fusión pueden darse salidas voluntarias de personal con pago de prestaciones. Sin embargo, es muy importante que esas salidas de colaboradores por renuncias, voluntarias o jubilaciones no deben representar reposiciones hasta lograr índices de eficiencia operativa similares a los de la banca privada local.
El autor fue gerente general del Banco de Costa Rica.