Llama la atención que en los programas de gobierno de los cinco candidatos con más opciones de ganar los comicios nacionales, ninguno adopte el reto de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar íntegramente nuestra Constitución Política que data de 1949.
Nuestra Constitución no se adapta a los nuevos tiempos. Los cambios ocurridos en los últimos 64 años en los aspectos social, político, económico, científico, tecnológico, institucional, educación, ambiente, religión, etc., son más violentos y radicales que los sucedidos en los siglos XIX y XX que vieron nacer la Primera y la Segunda República.
El país no puede seguir siendo conducido por legados obsoletos no acordes con las nuevas circunstancias. El texto que nos rige es incoherente y ambiguo en muchos aspectos, lo que ha provocado algunas reformas de fondo y otras cosméticas en los últimos años.
La única vía de realizar una reforma general de la Constitución es por medio de una Asamblea Constituyente convocada al efecto como lo prevé el artículo 196, pero la ley que se redacte para hacerla deberá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios (38 diputados) del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo.
Dada esta limitación no se ha podido hacer la convocatoria en los últimos 64 años, porque los diferentes gobiernos han tenido miedo de compartir responsabilidades con una constituyente o verse desplazados por la influencia de esta, y porque los partidos políticos, los dirigentes y sus diputados no quieren perder la enorme cantidad de privilegios constitucionales.
Las actuales generaciones tenemos el deber cívico de heredarle a nuestros descendientes una nueva Constitución Política y una Tercera República.
Una forma que se me ocurre, quizás utópica, consiste en que los 13 partidos que se están disputando la Presidencia, así como los futuros diputados, hagan una concertación nacional para hacer, en el futuro gobierno, una reforma general de la Constitución Política y redactar un proyecto de ley para convocar a más tardar en setiembre del 2014 a una Asamblea Constituyente con el compromiso de que se apruebe dicho proyecto ojalá con el voto de los 57 diputados.
Los constituyentes sería una comisión de 12 miembros, representantes de los partidos políticos, escogidos proporcionalmente con el resultado de las votaciones presidenciales de las elecciones del 2 de febrero próximo, y cada uno de ellos contaría con 5 asesores, profesionales y especialistas en diversas disciplinas, y con un plazo improrrogable de un año para presentar el proyecto de la nueva Constitución a la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Delimitar los poderes
En la ley de convocatoria se deben limitar los poderes, deberes y responsabilidades de los constituyentes para prohibir su involucramiento en las actividades de los Supremos Poderes de la República y a la vez prohibir que estos se inmiscuyan en las labores de los Constituyentes.
Debe evitarse que esta Asamblea se convierta en un gobierno paralelo y por ello se debe legislar para que se dedique única y exclusivamente a su cometido, encerrada en una especie de esfera, libre de toda influencia externa e interna.
Con reformas parciales y cosméticas que no afecten privilegios no llegaremos a ninguna parte. Si no acudimos a la vía pacífica a la tica, sin que llegue sangre al río, tarde o temprano, con la convulsión social que puede ir creciendo y salirse su manejo de las manos.
No nos alarmemos. Ya ocurrió en 1948. Don Alfonso Chase en sus comentarios: “Don José Figueres Ferrer. Su centenario (1906-2006)” citado en el libro Centenario de Don Pepe , afirma que el caudillo fundador de la Segunda República y gestor de la Constitución de 1949 “nunca creyó en cambiar el sistema político de Costa Rica por medio de votos”. Históricamente los grandes cambios revolucionarios se han dado con sangre y no con la tinta del sufragio.
Nuestro país está cercado al norte y al sur por nuevas fórmulas de socialismo tipo siglo XXI, los demagogos y populistas, aprovechándose del fracaso de los sistemas políticos que han engendrado el empobrecimiento generalizado, la pobreza extrema y la más amplia desigualdad social, se están convirtiendo en dictadores constitucionales en muchas naciones vecinas. En el nuestro está surgiendo una especie de líder que comulga con esas tendencias, y si no ahora, dada su juventud, llegará a la presidencia de la República como representante de los indignados y marginados enarbolando la bandera de la lucha social: somos los de abajo y vamos por los de arriba.
Evitemos que el volcán del descontento social y de la intolerancia entre en erupción. Que no se repita 1948. Cambiemos la Constitución pacíficamente con votos y no con balas.
No hay que tenerle miedo a la Constituyente si se demarca su ámbito de acción y su labor puede no ser tan compleja.
Don Walter Coto nos ha dado un ejemplo de ello. Con la colaboración de pocos profesionales preparó el proyecto: “Nueva Constitución Política para la República de Costa Rica”, en agosto del 2000. Este documento junto con las constituciones de 1871 y 1949, las numerosas propuestas de connotados juristas y politólogos nacionales y el Informe de los Notables, pueden servir de material de estudio para que los constituyentes inicien sus labores.
No es tan complicado, solo se requiere voluntad política y mucho amor por Costa Rica. En lo personal y como un aporte desinteresado tengo cerca de 30 sugerencias de modificaciones que por falta de espacio no las incluyo.