El equilibrio entre el derecho de autodeterminación de la información, el derecho de protección de datos personales y el interés público han tomado relevancia durante la pandemia. La importancia de darle un tratamiento balanceado es la clave para la implementación de políticas públicas que marquen la recuperación económica y permitan crear oportunidades en la nueva realidad post-pandemia.
En tiempos de crisis los derechos fundamentales se ven comprometidos, es por ello por lo que, el Estado costarricense debe buscar el balance entre el derecho de la protección de datos personales y el interés público, y de esta forma tener información completa y fiable para la toma de decisiones acertadas. Esto no debe significar el sacrificio de un derecho por otro, por el contrario, es buscar soluciones a través del análisis de datos sin comprometer la privacidad de las personas.
Un uso eficaz y responsable de los datos personales puede ayudar a la Administración Pública en la adopción de políticas públicas acordes y óptimas para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. El Estado costarricense debe de crear un ambiente óptimo para la reactivación económica del país y evitar empeorar la crisis post-pandemia.
El futuro del país en estos tiempos depende de la colaboración del sector público con el sector privado. Las alianzas público-privadas, la eficiencia de la Administración Pública y la creación de un ambiente seguro para hacer negocios e invertir pueden llegar a ser clave en la reactivación económica de nuestro país.
Es por lo anterior, que todas las Administraciones Públicas están en la obligación de trabajar y aprovechar sus recursos para generar oportunidades para el sector privado, para las grandes empresas, los pequeños y medianos empresarios y los emprendedores.
Uno de los recursos más valiosos que tiene la Administración Pública es la información, los datos. Por su naturaleza el sector público recolecta y administra un gran volumen de datos. No obstante, la automatización, uso responsable y análisis para la toma de decisiones no es lo común. Incluso, muchas veces desconocemos en qué usan todos los datos que reciben. Me atrevería a decir que muchos de los datos en poder de las diferentes Administraciones se desperdician o no se aprovecha el valor que pueden llegar a tener. Estas conductas deben de cambiar.
La precisión, la claridad y la transparencia con que actúe la Administración Pública son claves para generar un ambiente de confianza que permita la recuperación económica de los sectores productivos del país. Para lograr lo anterior, considero importante implementar las siguientes medidas:
- Asignar un responsable del tratamiento de los datos personales. Para ello es importante que haya transparencia de quien es el encargado -el operador-.
- Se debe definir y dar a conocer el tipo de datos que se van a utilizar, el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento de los datos personales.
- Es importante definir cuáles instituciones van a analizar y utilizar los datos personales y que estás garanticen que están en la capacidad de utilizar los datos personales respetando los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.
- Brindar y hacer de fácil acceso la información sobre la gestión y el tratamiento de los datos personales.
- Procurar recuperar la confianza de la ciudadanía en cuanto al buen manejo de los datos personales en el sector público. Esto se puede lograr empoderando a la autoridad de control para que esta garantice la supervisión y cumplimiento de la normativa. Este ente debe actuar con imparcialidad, profesionalidad e imparcialidad.
- Los ciudadanos deben saber que las Administraciones Públicas que utilizan los datos personales para crear políticas públicas y ejercer con eficiencia sus competencias cumplen con la normativa vigente, para ello es importante que haya claridad de cómo van a hacer para garantizar la protección de los datos.
- Establecer un mecanismo para atender reclamaciones por vulneración de derechos relacionados con la protección de los datos personales.
- Buscar soluciones tecnológicas que garanticen la privacidad en el manejo de los datos personales. De manera tal sé que reduzca el riesgo de un mal manejo y que en suma brinde transparencia al tratamiento de los datos. Asimismo, esta herramienta debe de asegurar que los datos no se estén usando para otros fines diferentes o desconocidos.
En conclusión, las medidas deben ser las necesarias para lograr su finalidad y para ejercer las funciones públicas de manera responsable. En todos los casos, el tratamiento de datos personales siempre debe ser proporcional a la finalidad que persigue. Asimismo, el manejo de datos debe de cumplir con el principio de transparencia, es decir, que las personas conozcan cómo se están usando sus datos personales y el alcance del tratamiento que se está dando.
Cualquier imprecisión o falta de claridad puede terminar de sepultar la confianza de la ciudadanía y así limitar las oportunidades que se pueden crear a través de la recolección de datos y su tratamiento. La Administración Pública debe de garantizar el respeto de los derechos para que la protección de datos no se utilice como obstáculo para la efectividad y creación de políticas públicas y normas que nos permitan salir adelante en los tiempos post-pandemia.
La Administración Pública tiene una nueva oportunidad para demostrar que un buen manejo de los datos personales y un tratamiento adecuado puede servir a la ciudadanía y a la sociedad sin poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales de los individuos, siempre procurando mantener el equilibrio con los otros derechos fundamentales.
Manager de EY Law |Litigio & Arbitraje.