Los grupos detractores del gobierno sobree la producción agrícola, apoyados por subsidiarias del Grupo Nación, como El Financiero , se oponen a que los costarricenses nos acojamos al derecho político de producir lo que nos comemos.
Le temen al llamado autoabastecimiento de alimentos y al aumento de la productividad en alimentos básicos como frijol, maíz blanco y arroz, principalmente.
En su carrera por desvirtuar el concepto de seguridad alimentaria, se apoyan en economistas neoliberales, matriculados con el mercado de las importaciones de granos básicos, que hoy amenazan a la producción nacional.
Cree, el editorialista, que la seguridad alimentaria del país se maneja como una agenda periodística, en la que un grupo decide qué informar a la opinión pública, mecanismo del periodismo tradicional, que prevalece sobre la llamada agenda ciudadana.
Insisten en la protección al sector arrocero y lanza sus dardos contra un gobierno, que en su primer año protege la producción nacional arrocera contra las grandes importaciones de arroz pilado, hecha por empresarios oportunistas del mercado, que no compran la cosecha nacional, ni generan empleo en las zonas rurales donde se produce el grano. Se oponen a que el Gobierno oxigene instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP), un obstáculo gigantesco para los intereses de estos grupos particulares en desaparecer la producción granelera del país.
En protección a su recaudo, olvidan mencionar la aprobación de la Declaración Ministerial de Bali de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en materia de Seguridad Alimentaria, y de los esquemas de sostenimiento de precios de los países en desarrollo, que faculta a los países en desarrollo, como Costa Rica, a defender sus programas nacionales de compras de cosecha nacional de granos, con el fin de disponer de existencias públicas, por razones de seguridad alimentaria, mientras se revisan y corrigen los términos normativos del Acuerdo de Agricultura, que regulan esta materia. Esta posición aprobada en la Declaración Ministerial de Balí, la desconoce o ignora el editorial “Un lobo con piel de oveja”, publicado en El Financiero , en la edición 1021.
Una buena razón
La ausencia de regulaciones y compromisos concretos de eliminación de los subsidios, que los países desarrollados otorgan al agro, constituyen la razón de por qué los aranceles de importación de los productos agrícolas sensibles, a nivel de toda la agricultura global, aún permanecen a niveles más altos, que los del arancel promedio de importación de otros bienes en la economía. Ignorar o desconocer este factor, y pretender condiciones de libre comercio inmediatas, únicamente acarrearía la destrucción y quiebra masiva de una gran parte de nuestros productores agrícolas.
La experiencia, que ha arrojado la susodicha liberalización, que promueve el editorialista, sobre el precio de productos básicos, ha propiciado, por la disminución de los aranceles, la entrada masiva de importaciones de granos, sin que se vean reducidos los precios locales al consumidor. A ello se suman las distorsiones de los precios internacionales como resultado de los subsidios vigentes, que otorgan los países desarrollados, con afectaciones directas en los pequeños y medianos productores de esos granos, al tener reducciones en el precio de sus cosechas, por lo que al no poder lograr economías de escala, resultan desplazados por la producción subsidiada de otros países, que los han obligado a tener que tomar la dolorosa decisión de alquilar sus terrenos y migrar del campo a la ciudad, formando parte de nuevos cinturones de miseria urbana.
Hablar de mejoramiento de la productividad, sin tomar en cuenta estos factores distorsionantes del comercio, resulta muy poco serio, en materia agrícola.
Que el editorialista argumente que, si no existieran barreras al comercio de bienes agropecuarios, significaría abaratar los precios a los consumidores, es desconocer las imperfecciones del mercado e ignorar que las características de la estructura del mercado costarricense permiten el desarrollo de prácticas especulativas capaces de influir en los precios hacia el alza para engrosar las utilidades de ciertos intermediarios, con muy pocos beneficios para el consumidor.
El caso no es hablar de proteccionismo, sino el hecho de que los problemas que afectan la competitividad y productividad del sector agropecuario costarricense, responden, más bien, a los excesivos costos de producción en este país, al impacto de la política cambiaria de sobrevaloración del colón frente al dólar, a la debilidad operativa de la banca de desarrollo, a la ausencia de subsidios a los sectores productivos equivalentes a los que otorgan nuestros socios comerciales, entre otros.
El mercado global no es un modelo de competencia perfecta y pretender o asumir que lo es, es desconocer la realidad de los mercados internacionales agrícolas como pareciera sucede con El Financiero.
En seguridad alimentaria, el lobo enseña su piel.