Los resultados de los estudios evaluativos suelen ser, en tanto investigaciones, muy ilustrativas y detalladas acerca de lo que ha sucedido con la aplicación de determinados, programas, proyectos, planes o políticas públicas.
Probablemente también sean abundantes en sus conclusiones sobre los efectos y cambios que se muestren en una población determinada a partir de ellos e, incluso, se propongan ofrecer recomendaciones acerca de cómo mejorar el desenvolvimiento de tales intervenciones.
No obstante, poco se hace referencia al uso real y potencial que dan quienes toman decisiones sobre dichos estudios y a su naturaleza, la de los gobernantes, en torno a la coyuntura y estrategia eminentemente política que está en la base de su acción pública.
Para empezar, un político-gobernante no es un investigador. Sus destrezas, tiempos y ámbitos de aplicación, como es obvio, corresponden a otro tipo de necesidades y expectativas.
Las evaluaciones que quieren ser utilizadas cada vez más en el nivel político han de comprender esta básica situación de partida y acoplarse, para su mejor aprovechamiento, a este devenir histórico que envuelve el ámbito de la toma de decisiones gubernativas y de tipo político en general. Costa Rica no escapa de esta condición, por el contrario, se enfatiza aún más en algunos casos.
El cambio cultural en la orientación del personal público hacia la planificación estratégica se da paulatinamente, en el marco de un enjambre de leyes previstas para ello.
Esta característica ha permitido que los tomadores de decisiones tengan un margen de maniobra relativamente delimitado en materia de monitoreo y evaluación y estén “obligados” a acatar un mínimo de condiciones para sostener el sistema democrático y de régimen presidencialista que nos caracteriza.
Hay que recordar que hace apenas unas décadas, los ministerios de Planificación sufrieron el embate de las distintas corrientes (nacionales e internacionales) que han cruzado y reducido el tema de la planificación del desarrollo, hasta el punto, inclusive, que muchas de estas instituciones desaparecieron en algunos países, haciendo, en cambio, de la programación presupuestaria el modus operandi por excelencia para la planificación.
Enfoque local
El efecto neto en Costa Rica de esa corriente liberalizante ha sido que el país, en materia evaluativa, se haya enfocado en elementos mínimos del monitoreo encaminados a dar cuentas únicamente sobre las metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es una estrategia de mediano plazo (cuatro años) que condensa compromisos de gobierno, y relativamente vinculado al ciclo político y presupuestario; sin desarrollar, sino hasta años recientes, enfoques de seguimiento y evaluación más acordes y abarcadores desde la perspectiva del funcionamiento de un ciclo de políticas púbicas y de estrategias macro, pensadas para el largo plazo.
Estas prácticas dieron a luz a un sistema sofisticado y políticamente correcto de seguimiento a la principal agenda del gobierno, centrado en el monitoreo a indicadores que, en algunas administraciones, ha sido utilizado por sus representantes como sistema de rendición de cuentas, pero muy poco utilizado como base para el diseño o formulación de políticas nuevas.
Hoy, la situación es otra, ante este vacío, desde la Administración Chinchilla Miranda se configuró una masa crítica de evaluadores independientes refugiados en la academia que empujan el tema. Además, y sobre todo, en el nivel político.
Se ejecutó el Programa de Fortalecimiento a las Capacidades en Evaluación, auspiciado por la cooperación alemana, permitiendo mejorar las capacidades de evaluación del país en su conjunto, empezando por las del Ministerio de Planificación.
Esta promoción ha tomado distintas formas, desde las más sencillas como “conversatorios”, hasta complejas como grupos de trabajo y conducción de evaluaciones piloto. Inclusive, pasando por asistencia técnica para la elaboración de manuales y capacitación especializada dirigidos a algunos líderes técnicos.
En Costa Rica, estamos frente a un espacio de favorecimiento al uso del monitoreo y la evaluación para la toma de decisiones, con una sociedad civil que lo exige.
Esta coyuntura le representa al Gobierno actual una oportunidad política y técnica para reequilibrar la correlación de fuerzas entre la formulación de políticas públicas inteligentes y dotadas de información técnica confiable, que esperamos sea aprovechada correctamente.
*La autora es exviceministra del Ministerio de Planificación