Las últimas dos semanas fueron muy agitadas para la industria de las criptomonedas. La ciudad de Miami (Florida), liderada por un alcalde innovativo, afirma ser vista como un “crypto hub”, convertirse en la capital mundial de las criptomonedas y da la bienvenida a las mineras (bitcóin miners).

Al contrario, China sigue presentando medidas contra la minería y trading de bitcóins lo que impulsa a las mineras a buscar otros lugares con un mejor clima favorable como. Los ministerios de finanzas y bancos centrales del G7 confirmaron en su reunión el compromiso de seguir trabajando juntos en las Monedas Digitales de los Bancos Centrales (CBDC en inglés), explorando oportunidades, desafíos y la estabilidad monetaria y financiera.

Otro evento importante muy esperado es la aceptación de la primera actualización de bitcóin en los últimos cuatro años: Taproot, con más del 90% del hash-rate de minería de blockchain. Taproot tras su implementación permitiría una mayor privacidad y eficiencia de las transacciones. ¿El motivo de actualización? Los contratos inteligentes que estipulan los términos de cada transacción se asocian con mayor frecuencia con la red ethereum, también se pueden crear en bitcóin. Pero, por el momento, cada contrato inteligente en la red bitcóin es complejo y requiere una inmensa cantidad de espacio para ser almacenado en la cadena de bloques y, por lo tanto, es costoso e ineficiente. Después de la actualización, las complejas interacciones de contratos inteligentes de bitcóin se verían como pagos simples entre dos claves públicas. La capacidad de ejecutar contratos inteligentes podría allanar el camino para que bitcóin ejecute actividades DeFi como las que ya se ejecutan en ethereum.

Finalmente, bitcóin, que ha sido criticado por preocupaciones ambientales, encontró un nuevo partidario. El Salvador hizo un gran avance al convertirse en el primer país en adoptar bitcóin como moneda de curso legal.

Con tantos puntos de vista y actitudes contradictorias en todo el mundo sobre bitcóin, este último logro es impresionante. El Salvador en un esfuerzo por promover la inclusión financiera, la inversión, el desarrollo económico, la innovación y el turismo adoptó la criptomoneda bitcóin.

La Ley bitcóin de El Salvador estipula que todo precio podrá ser expresado en bitcóin, los salvadoreños podrán pagar sus impuestos en esa moneda, los intercambios no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, y todo agente económico deberá aceptar como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o un servicio. Esto ha generado un acalorado debate sobre lo qué es o puede ser una moneda de curso legal, una controversia quizás inesperada pero necesaria ante estas tecnologías disruptivas.

Queda por ver cómo se realiza o materializa la aplicación de la Ley y el desarrollo de la regulación y los modelos operativos que apoyen los objetivos de esa normativa.

El Fondo Monetario Internacional y algunos expertos comentaron que al hacer de bitcóin una moneda de curso legal paralela se plantean una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren análisis.

La Ley bitcóin de El Salvador establece que el estado promoverá la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a las transacciones de bitcóin y proporcionará las alternativas que permitan al usuario realizar transacciones y tener convertibilidad automática e instantánea de bitcóin a dólares estadounidenses, si así lo desea. De esta decisión y este deseo entusiasta de adoptar la tecnología se generan muchas preguntas sobre su implementación. Algunos expertos internacionales y locales plantean una serie de problemas macroeconómicos, técnicos, financieros y legales. Sin embargo, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador tienen 90 días para presentar una solución.

Bitcóin es una moneda virtual y como tal es intangible, no existe en ninguna forma física. Existe solo en la cadena de bloques y su propiedad se confirma mediante la retención de claves criptográficas en una billetera digital. Significa que la seguridad y protección del almacenamiento debe considerarse muy seriamente. Las transacciones en blockchain son irreversibles. Por ejemplo, podría perderse como resultado de un error o robo, falla de la computadora o pérdida de las claves de acceso. Es posible que el lector recuerde la historia de James Howells, quien dice haber minado cerca de 7.500 bitcóins en su computadora personal y por error botó a la basura el disco duro, con ello botó casi $270 millones considerando el valor de bitcóin al momento de este artículo.

Como cualquier tecnología nueva, bitcóin no está exento a ser utilizado para potenciales estafas, hacking o crímenes cibernéticos, temas que hay que esperar a ver como la normativa pendiente las va a abordar para proteger a la población y a los ciudadanos salvadoreños a nivel tecnológico y físico.

Al hacer de bitcóin una moneda de curso legal, y al ser extremadamente volátil, se podría afectar el presupuesto del país cuando la moneda baje o aumente en un día. Si los impuestos se pagaran en bitcóin, los ingresos del Estado podrían ser afectados también por la volatilidad a menos que hagan intercambio simultáneo de una manera. Lo mismo aplicaría a las personas y las empresas que se les impone recibirlos como medio de pago.

Todavía hay muchas interrogantes y el mundo monitorea cuidadosamente el “experimento” de El Salvador. Por el momento los mecanismos de implementación y funcionamiento como garantizar y realizar este intercambio simultáneo, el manejo de los riesgos asociados y asegurar la implementación rigurosa de los estándares del GAFI en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, no son claros. Esperaremos y valoremos las soluciones propuestas al momento de su presentación porque dependiendo de la implementación podría ser un éxito alcanzar la meta de crecimiento económico o todo lo contrario. En la legislación de muchos países, bitcóin se considera un bien o una mercancía para efectos fiscales, y con el reconocimiento de El Salvador como moneda de curso legal, podría afectar la aplicación o interpretación fiscal.

Se ha notado una serie de voces activas entre los legisladores en Paraguay, Argentina, Panamá, Brasil, en apoyar la tecnología y el emprendimiento, incluyendo las necesidades de avanzar de la mano de la nueva generación e introducir legislación que aborde la nueva realidad económica con DeFi (finanzas descentralizadas), activos digitales y criptomonedas.

Cuando El Salvador recurrió al Banco Mundial en busca de ayuda con la implementación de bitcóin, la solicitud fue rechazada por preocupaciones medio ambientales y de transparencia. Sin embargo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una institución financiera multilateral de desarrollo con carácter internacional, manifestó su apoyo y formará un grupo de asesoría técnica para ayudar a El Salvador en la implementación de la ley. Entre los socios o países fundadores del BCIE se encuentra Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El caso de Costa Rica

¿Qué está haciendo Costa Rica en cuanto a la regulación de activos digitales y criptomonedas? Por el momento no existen regulaciones específicas y claras sobre activos digitales. Según el criterio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) el bitcóin y otras criptomonedas no deberían de ser consideradas como moneda de curso legal o divisa extranjera bajo el régimen cambiario ya que no son emitidas por un banco central. Se indica que toda persona que adquiera activos digitales, como forma de ahorro o quienes los utilicen y reciban como medio de pago, lo deberán hacer bajo su propia cuenta y riesgo, es una operación no contemplada por las regulaciones bancarias ni por los mecanismos de pago autorizados por el BCCR. La Ley Orgánica establece al BCCR como único emisor de los billetes y monedas en circulación y establece el poder liberatorio ilimitado del colón para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias, tanto públicas como privadas.

En el contexto de lo acontecido en El Salvador, será interesante ver si el Banco Central de Costa Rica va a reconsiderar su posición. Se necesita que las entidades gubernamentales introduzcan un marco regulatorio sólido y claro para los activos digitales con el fin de mantener al país al nivel de estándar mundial. La Tecnología de Libro Mayor Distribuido (Distributed Ledger Technology en inglés) podría tener beneficios significativos para una variedad de industrias con potencial para brindar beneficios reales para los servicios financieros, los mercados de capitales, cambiando potencialmente de manera fundamental la forma en que operan.

Un pronunciamiento sobre el uso permitido por instituciones financieras sobre redes blockchain públicas y criptomonedas puede permitir al país mayor innovación y asegurar que Costa Rica participe en la formación de un nuevo sistema financiero global que incluya las criptomonedas.