Colectivamente nos preparamos para dos semanas de festejos, de reuniones en familia, de tiempo libre para muchos. El cierre del año, casi de manera inevitable, nos hace evaluar las experiencias de los meses anteriores, recordamos las metas trazadas a inicios del calendario y sin duda meditamos sobre los objetivos para el próximo.
Del ejercicio natural de introspección difícilmente se salvarán las autoridades de gobierno. La revisión honesta del desempeño propio es, en su caso, vital, dado que su accionar impacta la vida de todos los costarricenses.
Los problemas que colectivamente enfrentamos son grandes y trascendentales.
Organizarse para contrarrestar efectivamente la expansión del crimen organizado es una tarea que requiere de múltiples actores del gobierno y de la sociedad. Solucionar las falencias en el sistema de educación que coartan la posibilidad de desarrollo para las personas y el país requiere un esfuerzo general.
Hasta el momento ese es uno de los talones de Aquiles del Poder Ejecutivo: la negociación, la cooperación, tender puentes para el trabajo en equipo.
En esta, nuestra última edición del 2023, se menciona dicha característica poco productiva de la administración Chaves Robles en dos artículos. El primero es un balance entre los aciertos y yerros del mandatario en el año y el segundo hace una evaluación del modesto papel que hasta el momento ha desempeñado la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
El asunto dista de ser un problema únicamente de formas diferentes de gobernar. El estilo confrontativo de Chaves, demostrado en muchas coyunturas, ha redundado en un estancamiento de la agenda del mismo Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y pocos frutos en la gestión conjunta con otras ramas del Gobierno.
Por los pasillos de Cuesta de Moras penan los proyectos presentados por la administración para reorganizar varios brazos del Gobierno Central, las iniciativas del Ministerio de Hacienda sobre renta global y hasta las propuestas para vender ciertos activos del Estado costarricense.
Todas estas son ideas que ameritan una discusión profunda y amplia en el Congreso, pero el debate ni siquiera calienta.
El tamaño de la bancada oficialista podría ser un elemento de peso en el poco avance de la agenda de Zapote, pero el informe del Estado de la Nación para este año señala que la administración Chaves Robles incluyó solo un 15% de propuestas de partidos opositores en sus convocatorias de sesiones extraordinarias, frente al 39% que promovió la Administración Alvarado en su primer año de gestión. Ese bajo porcentaje revela una ausencia de negociación con las diferentes bancadas.
Sin mencionar los escándalos políticos por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos y con el financiamiento de la campaña electoral de 2022, lo cual tampoco ayuda en la cooperación con el Congreso. Lo anterior difundido ampliamente por medios de comunicación independientes y en investigación en la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Nada de esto pasa desapercibido para la opinión pública. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), hasta siete de cada 10 ciudadanos tienen poca o ninguna confianza de que pueda resolver el principal problema del país, identificado en el mismo estudio como la inseguridad y la delincuencia.
Lo positivo es que el Poder Ejecutivo todavía cuenta con importante capital político. Como a cualquier administración, el ejercicio del poder le ha pasado la factura y la aprobación del presidente Rodrigo Chaves cae desde sus niveles iniciales. Sin embargo, todavía es alta. En la más reciente medición del CIEP sobre la gestión del gobierno, la valoración del 48% de los encuestados fue favorable.
Con ese capital político y una gestión que tienda a generar acuerdos se podría avanzar en la solución de los grandes problemas que aquejan al país. Es un buen propósito de Año Nuevo.