Una sequía masiva en el centro de EE. UU. causará alzas importantes en los precios de los granos básicos en todo el mundo. Esta es una de muchas noticias que auguran la volatilidad en los precios a que estaremos sometidos en los próximos años.
Adicionalmente, existen otros factores de política económica que distorsionan aún más las decisiones de producción, almacenamiento y comercio internacional de productos alimentarios. Los subsidios al arroz, por ejemplo, permiten que muchos finqueros de baja productividad sigan trabajando en tierras que ya se debieron destinar a otros usos y, además, generan un ingreso desproporcionado a favor de aquellos grandes arroceros que sí logran niveles competitivos de productividad y calidad.
La seguridad y la autosuficiencia alimentarias se usan como argumentos para seguir subsidiando agricultores de baja productividad que degradan la naturaleza al no alcanzar siquiera un balance entre sus costos reales de producción, incluyendo su huella ecológica, y el valor de la producción que obtienen.
Estos argumentos siempre parecen válidos, pues el desabastecimiento y encarecimiento descontrolado de los alimentos perjudica de manera directa a los más pobres, quienes destinan una alta proporción de sus ingresos a satisfacer sus necesidades más básicas. Pero eso no quiere decir que se deba subsidiar a los agricultores cuando estos hacen un uso inadecuado —por improductivo y degradante para el ambiente— de las tierras del país.
El sector agroexportador de Costa Rica ha logrado niveles de productividad por unidad de área y por trabajador altamente competitivos. El país ha logrado diversificar sus fuentes de ingresos al recibir una creciente proporción de divisas provenientes de industrias de manufactura, tecnología, servicios, turismo y de la atracción de inversiones extranjeras. El país no depende para su crecimiento y bienestar de mantener subsidios a los agricultores, sino de lograr niveles de productividad e innovación que le permitan seguir compitiendo en los mercados del mundo con una amplia diversidad de bienes y servicios.
Cuando los grandes productores y los grandes exportadores agrícolas demandan un trato preferencial, por ejemplo ante el impuesto territorial, no se les debe tratar de la misma manera que a los pequeños agricultores, que muchas veces viven de una pequeña parcela o como agricultores de subsistencia.
Y si se permite una excepción a esta regla, que sea a un pequeño agricultor, al que se le debe asistir para mejorar su productividad o para redefinir sus fuentes de ingreso en un plazo razonable; pero nunca a favor de los grandes agroexportadores o a cultivos que, como el arroz, ya son subsidiados por el Gobierno y los consumidores locales.
La única vacuna contra la volatilidad en los precios internacionales es la productividad. Esta es la forma correcta de lograr seguridad alimentaria, sin cargarle a los consumidores la ineficiencia —o la creciente riqueza— de algunos productores.
El impuesto territorial debe ser discriminante, como se ha establecido, siempre que sea para proteger solo a pequeños agricultores.
Pero éste y otros beneficios al agro y otros sectores deben ajustarse con el tiempo hasta representar una carga justa que mande a cada usuario de la tierra el mensaje de que su uso insostenible en términos productivos y ambientales no será permitido.