La correlación entre el empoderamiento económico de las mujeres y el crecimiento económico inclusivo ha sido ampliamente documentada. Por ejemplo, el reciente Informe de ONU Mujeres sobre “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016” encuenta que la reducción de la desigualdad en América Latina ha tenido una importante base en el empoderamiento económico de las mujeres. Sin embargo, uno de los desafíos pendientes es lograr transmitir esta narrativa a toda la sociedad.
Por un lado, es necesario adoptar un enfoque integral que considere los grandes cambios y tendencias que se están viviendo en el mundo. Al mismo tiempo, es imprescindible situar al empoderamiento económico de las mujeres en el centro de las discusiones puramente económicas –de los mercados, de las políticas macroeconómicas y de las corrientes financieras–.
Una forma de cambiar esta narrativa es analizar los obstáculos y oportunidades de acuerdo con cada etapa del mercado, con el objetivo de facilitar la definición del conjunto de políticas públicas necesarias para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. Por lo tanto, se deben identificar las asimetrías y desigualdades que persisten durante la adquisición de capital humano (premercado), en la inserción y participación en la fuerza laboral (mercado) y las que se derivan de las fallas del mercado (posmercado).
En primer lugar, la calidad educativa es clave para la formación de capital humano. Es importante ir más allá del acceso a educación, ya que la calidad depende de muchos factores, incluidos la existencia de una infraestructura adecuada, el nivel del personal docente o los contenidos curriculares que permitan eliminar los estereotipos y brechas existentes entre los géneros.
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En la etapa de participación de mercado, es esencial hablar de tres desafíos: garantizar el Estado de derecho, la productividad, y la calidad del gasto público.
El Estado de derecho es imprescindible para asegurar las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan aportar al desarrollo económico en igualdad de condiciones.
Al mismo tiempo, la inversión en infraestructura de energía, agua y saneamiento, conectividad y transporte es fundamental para lograr un crecimiento económico inclusivo y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.
Finalmente, es necesario analizar los presupuestos con perspectiva de género, ya que no siempre han arrojado los resultados esperados. El objetivo debería centrarse en la construcción de una agenda que refleje la heterogeneidad de las mujeres y sus intereses y necesidades diversas para su inclusión en los presupuestos nacionales y cómo lograr el mayor impacto del gasto.
De igual modo, es importante considerar que las brechas de género son más profundas durante la edad reproductiva de la mujer desde la perspectiva de ciclo de vida. Para disminuirlas es necesario expandir los servicios de cuidados asequibles y de alta calidad, ya que existe una amplia evidencia de la relación entre el acceso al cuidado infantil y la participación económica de las mujeres. Además, se deben introducir medidas y políticas que mejoren las condiciones de las mujeres en el mercado laboral y promuevan la corresponsabilidad del cuidado y la conciliación entre la vida familiar y profesional, tales como los permisos por maternidad y paternidad equitativos y obligatorios, y jornadas laborales más flexibles y/o reducidas.
Otros requisitos ineludibles para que las mujeres ejerzan su autonomía económica y para que los países avancen en la productividad y el crecimiento sostenible son la inclusión financiera, la extensión de prestaciones y protecciones sociales al sector informal así como el fomento del emprendimiento de las mujeres.
Por último, es necesario que las políticas sociales prevengan las inequidades del mercado laboral. Para reducir las brechas entre las mujeres con mayor y menor nivel de educación o con mayor o menor número de hijos, debemos impulsar políticas redistributivas para corregir las desigualdades que produce la economía.
Por lo tanto, se debe mejorar la vinculación con servicios complementarios que favorezcan el empoderamiento de las mujeres, como cursos de alfabetización, formación profesional, insumos agrícolas, servicios de cuidado infantil, asistencia jurídica y ayuda para las sobrevivientes de violencia doméstica. Fortalecer los programas de protección social con sensibilidad de género, incluidas las transferencias monetarias, complementadas con servicios que favorezcan el empoderamiento de las mujeres, es fundamental.
En conclusión, impulsar la agenda de igualdad de género es esencial para la recuperación económica de la región y en la construcción de un futuro de desarrollo equitativo y sostenible. Es claro que los avances hacia la igualdad de género continuarán teniendo efectos profundos en el desarrollo humano inclusivo y sostenible. Se trata, por tanto, de una aspiración que compete a toda la sociedad.
NOTA: Silvia Hernández Sánchez es exviceministra de Planificación Nacional y Política Económica.