En la edición de la semana pasada explicamos, en un reportaje, cómo el déficit fiscal del 2017 volverá a “comerse” el ahorro nacional. Es el fenómeno mediante el cual el financiamiento del déficit fiscal “estruja” al financiamiento de las empresas y hogares en el mercado de fondos prestables.
Lo ocurrido en los primeros 10 meses del presente año es dramático: el 70 % del incremento de la riqueza financiera del sector privado ha ido a parar a las arcas de la Tesorería Nacional para llenar la brecha existente entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central.
También es importante mencionar que el déficit fiscal en los primeros 10 meses de 2017 se ha incrementado con respecto a igual período del año pasado en 0,7 del PIB, lo que representa más de $500 millones.
En estos 10 primeros meses del año los ingresos con relación al PIB prácticamente no han aumentado y el gasto ha mostrado un aumento, especialmente en el pago de intereses y gastos de inversión. A pesar del aumento en el gasto de inversión en 2017 (los gobiernos en su último año apuran algunas obras de infraestructura), es importante señalar que tres cuartas partes del endeudamiento se han dedicado a pagar el gasto corriente (salarios, intereses y compra de bienes no duraderos) porque los ingresos del Gobierno Central ni si quiera alcanzan para pagar el gasto corriente.
En palabras simples, el déficit fiscal se ha convertido en una potente aspiradora que absorbe el ahorro nacional para pagar principalmente gasto corriente.
Este fenómeno tiene consecuencias observables en lo que va del presente año en el crecimiento del crédito para las personas y las empresas y en el crecimiento de la actividad económica.
Durante el año pasado no fue tan notable el estrujamiento del déficit fiscal sobre el sector privado, porque el Banco Central venía ejecutando una política monetaria relativamente expansiva que permitía simultáneamente el financiamiento del déficit fiscal y la expansión del crédito al sector privado.
Esto no ha sido posible durante 2017, porque el Banco Central para evitar las presiones de devaluación del tipo de cambio instauró una política monetaria menos expansiva, lo que ha llevado en los últimos meses a un estancamiento del crédito para el sector privado. Es decir, en 2017 se ha sentido con mayor intensidad el estrujamiento en el crédito privado causado por el déficit fiscal.
El estrujamiento del sector privado también se siente en la desaceleración de la actividad económica. El Indicador Mensual de la Actividad Económica, calculado por el Banco Central, muestra en los últimos meses una desaceleración especialmente en la actividad económica interna.
En general, el crecimiento de la producción en las Zonas Francas mantiene un dinamismo notable, pero son los empresarios locales los que sienten en mayor medida el estrujamiento fiscal. Los medianos y pequeños empresarios agrícolas e industriales son los que están llevando la peor parte de este estrujamiento.
La Tesorería Nacional está en el proceso de realizar una colocación “interna” de bonos para inversionistas del “exterior”, mediante la figura del “contrato de colocación”. Con esta operación se procura traer recursos frescos para financiar el déficit fiscal y no estrujar al ahorro nacional.
Con esta colocación se pretende obviar la necesidad de la aprobación legislativa del endeudamiento en el exterior. Independientemente de la legalidad de la operación, estamos simplemente ante un paliativo que permite retrasar las decisiones para enfrentar el problema fiscal del país.
El endeudamiento en el exterior, tal como se propone actualmente o como se ha hecho en el pasado, pospone el estrujamiento para el futuro, para cuando se tenga que pagar la deuda, y presiona hacia la apreciación del tipo de cambio. Esto último puede reducir artificialmente la competitividad de nuestros productores en el exterior y la de los productores locales frente a las importaciones.
En conclusión, el financiamiento del déficit fiscal tiene consecuencias sobre la producción y el empleo en el país. La verdadera solución está en trabajar por unas finanzas públicas que apoyen la estabilidad, el crecimiento y la equidad en la economía.