El 6 de marzo de 2020 se reportó en Costa Rica el primer caso confirmado de COVID-19. Cinco meses después, la cantidad de contagios supera los 22.000 pacientes, al tiempo que más de 200 personas han fallecido por causas asociadas a este patógeno. Alineándose con las medidas implementadas por naciones de todo el mundo, el gobierno costarricense impuso importantes restricciones sanitarias y comerciales para prevenir un colapso general del sistema de salud del país.
El impacto en la economía y en la actividad comercial no se hizo esperar. De acuerdo con un estudio publicado por el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC), el efecto de la reducción en las ventas y en los ingresos varía según el tamaño de las empresas. Para el mes de mayo, eran justamente las microempresas las que habían sufrido una mayor caída: un 54% reportaba ventas entre un 75% y un 100% menores al mes anterior. De acuerdo con las cifras reveladas por este estudio, en el caso de las empresas de mayor tamaño (medianas) un 27% tuvo una reducción en sus ventas, de una magnitud superior al 75%.
Especialistas de distintos países vaticinan etapas intermitentes de cierre y apertura alrededor de todo el mundo, por tiempo indefinido. La incertidumbre ha dado lugar a variables inéditas para los pequeños y los medianos empresarios, que han emprendido una batalla sin precedentes para subsistir en medio de la crisis. El auge de las alternativas digitales en tiempos de pandemia, emerge como un salvavidas para muchos comercios necesitados de nuevos canales para ofrecer, vender y distribuir sus productos y servicios.
En Costa Rica, la facturación electrónica ya se había consolidado como un recurso fiscal y tecnológico que facilitó e impulsó el intercambio electrónico de datos de negocio a negocio o de negocio a cliente final, eliminando procesos manuales y catapultando a empresas de todos los tamaños hacia soluciones basadas en estrategias digitales. Pero esta es sólo es una parte del rompecabezas.
Como parte de las múltiples y dolorosas consecuencias del impacto del COVID-19 en la actividad comercial, sobresale la falta de liquidez de las empresas pequeñas y medianas, que ponen en peligro el cumplimiento de sus obligaciones financieras y su capacidad para desarrollar sus operaciones de forma eficaz, incluyendo el pago de proveedores, responsabilidades laborales y patronales, pago de impuestos y patentes y otros. Es en este punto donde el factoring o factoreo se fortalece como una alternativa ideal para muchos negocios con distintos giros comerciales.
En el contexto nacional, el factoring consiste en un contrato que hace una empresa proveedora (cesionaria) cuando pacta con una entidad de factoring para realizar el cobro de una factura. Este procedimiento transforma las facturas con promesa de pago del cliente (pagador) en una fecha posterior, en efectivo casi inmediato, debido a que se transfiere la propiedad de las cuentas por cobrar una empresa de factoreo, que luego se encarga darle seguimiento a la deuda.
En tiempos de pandemia, esto se convierte en una opción estupenda para empresas que no pueden o no desean someterse a un complejo y prolongado proceso administrativo para obtener créditos bancarios. Y, por supuesto, combinar las ventajas y beneficios de una plataforma de emisión y recepción de facturas electrónicas con un esquema de factoring robusto, maximiza las posibilidades de crecimiento sobre la base de un flujo mayormente digital y proporciona un respiro en medio de esta complicada coyuntura sanitaria. Todo esto, en el marco de las mejores prácticas de seguridad y protección de datos sensibles.