Dicen que innovar es como nadar contra corriente: si se deja de hacer, se retrocede. Y aunque existen diferentes tipos de innovación, quizá la más importante para el desarrollo y competitividad de cualquier país sea aquella que contiene un alto valor agregado en conocimiento y que es alcanzada mediante los procesos de investigación y desarrollo (I+D).
Esta concepción de la importancia del I+D constituye un punto medular en las visiones estratégicas de todos los países que hoy consideramos desarrollados, quienes aún en tiempos de crisis siguen invirtiendo en este rubro. De esta manera, por ejemplo, los países de la OCDE han mantenido una inversión promedio cercana al 2,5% de su producto interno bruto en I+D. Por el contrario, Costa Rica invierte el 0,5%.
Durante décadas, diferentes actores del sector han propuesto que Costa Rica debería estar invirtiendo al menos 1% PIB en este rubro. Sin embargo, esto no ha pasado de ser una simple aspiración. En este tema, como país, se ha fallado.
Quizá sea hora de hacer las cosas de manera distinta. Tal vez, en lugar de delegarle la responsabilidad a una sola institución, sea hora de unir esfuerzos y sobre todo recursos, para atender los grandes retos como equipo. Por ejemplo, para atender necesidades de innovación en sectores como el agroalimentario, energía o salud, se podría hacer lo que coloquialmente llamamos “banca” entre las instituciones relacionadas, atendiendo de manera concentrada y con mayores recursos cada tema.
Esto también propiciaría que universidades y centros de investigación, públicos y privados, de manera individual o en consorcio, pudieran competir por proveer las mejores soluciones. A esto técnicamente se le denomina fondos sectoriales de investigación, los cuales han mostrado ser una herramienta muy poderosa para incentivar la innovación y desarrollar sectores en muchos países.
Se espera que las nuevas autoridades del Micitt pudieran liderar una iniciativa de esta naturaleza.
Se podría establecer por ejemplo un fondo para investigaciones en el sector agroalimentario conjuntamente con el MAG, el Servicio Fitosanitario, el INTA y SENASA. Otro para investigaciones en salud con la CCSS y el ministerio del ramo. Un tercero dedicado a investigaciones en el sector energía junto con RECOPE y el ICE.
En principio esto no representa una erogación extra de recursos, sino un alineamiento de presupuestos y prioridades entre instituciones. Otra ventaja de este modelo es que existe un marco legal que permite hacerlo, previsto en la Ley 7169. Además, en Micitt-Conicit se cuenta con varias décadas de experiencia en la gestión de fondos concursables de investigación.
A seguir nadando entonces, porque el peligro de dejar de hacerlo no es solamente retroceder, sino ahogarse.