Por: Roberto Artavia.   31 octubre

En estos días mi esposa y yo nos hemos acercado a tres municipalidades diferentes para hacer pagos y actualizar la información sobre bienes inmuebles, tal y como se solicita en todas ellas.

Nos llevamos una muy grata sorpresa en la Municipalidad de Alajuela, con funcionarios bien entrenados para atender las necesidades del ciudadano, con respaldo tecnológico de punta, que permitió ver la propiedad y medir desde el escritorio del funcionario aparentes diferencias en los datos; y, sobre todo, con un enfoque y actitud de facilitar el proceso, pues tienen muy claro que en última instancia la idea es pagar/recolectar algo más de impuestos al actualizar los valores de las propiedades.

No ocurrió lo mismo con las otras dos municipalidades que visitamos, en las que pequeñas diferencias en datos entre el registro nacional y planos de catastro —y las cuales ofrecimos aceptar con el dato que más favoreciera a la municipalidad— nos impidieron completar el trámite; en buena parte porque el personal no estaba bien capacitado para medir un perímetro irregular o calcular el área de un terreno irregular en su forma. Tampoco tenían el mismo sistema de respaldo tecnológico de Alajuela y por lo tanto no pudieron verificar directamente los datos.

Repartir culpas

Lo peor, los funcionarios no tenían la intención de resolver, sino que asignaron culpas a desarrolladores, constructores y abogados y nos dijeron que nosotros debíamos resolver el problema antes de presentarnos de nuevo…

¿Por qué existen estas diferencias de sistemas, tecnología, capacitación y actitudes entre municipalidades?

Una respuesta obvia es que no se les ha explicado que el ciudadano es su cliente y que, siempre que no se rompa la ley, su deber es atenderlo y ayudarle a resolver sus necesidades, máxime cuando ese ciudadano no está ni ocultando información, ni tratando de sacar provecho de los errores y diferencias en los datos.

Se impone encontrar las mejores prácticas entre municipales y en cada tema, para que luego el IFAM se asegure de que estas prácticas y los sistemas que las respaldan estén disponibles en todas las municipalidades del país. Es sencillo, solo falta un poco de sentido común y ganas.