La administración Solís Rivera ha venido avanzando en una propuesta de agenda tendiente a resolver el problema fiscal, un problema antiguo, amplio y complejo, cuya solución también deberá ser de amplias y complejas dimensiones tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.
Ante tal panorama, parece razonable plantear que la política fiscal se construya sobre la base de acuerdos políticos que se generen entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.
Las medidas necesarias para reducir el déficit primario y el financiero deben discutirse, eso sí, bajo ciertas condiciones de gradualidad del ajuste, legalidad de las acciones y modelo de desarrollo que el país visualiza.
Sabiendo esto, el Gobierno ha propuesto en la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley (más uno que será presentado en los siguientes días) con el fin de atender el problema desde una óptica hacendaria, no solo tributaria.
No se le puede achacar al Gobierno falta de acción ni ausencia de una ruta integral para atacar el problema; los proyectos están listos para discusión, mientras se aplican medidas administrativas para desacelerar el aumento del gasto público. Sin embargo, la gran transformación pasa, necesariamente, por acuerdos con la Asamblea Legislativa y en el seno de ella.
Vano sería negar la necesidad de alcanzar la estabilidad fiscal en una coyuntura como la que experimentamos. Esto lo reconocen propios y extraños y ha sido ampliamente replicado por organismos internacionales. Como sociedad nos corresponde, ahora, atender todo el problema y no solo una parte de él, a partir de un diálogo abierto con los grupos sociopolíticos costarricenses.