Costa Rica abolió el ejército en 1948 y desatendió el área de la seguridad, privilegiando en otros rubros el uso del presupuesto nacional.
Quizás igual que las familias, Costa Rica concentró el uso de sus recursos públicos en salud y educación e incidió sobre las causas de la criminalidad. Esta decisión se puso a prueba cuando en la década del 80 llegó el crack y se propagó en el territorio, generando una comunidad de adictos que sufragaron la adicción con la delincuencia. Además, el efecto del crimen organizado transnacional determinó la presencia del país en la ruta del tráfico de drogas.
Costa Rica ha aprendido la cara experiencia de no invertir en seguridad y ha tomado acciones correctivas, como el establecimiento de tribunales de flagrancia y el incremento del presupuesto del Ministerio de Seguridad que pasó de ¢33.000 millones en el 2002 a ¢175.000 millones en el 2012 y que proyecta ¢201.000 millones para el 2013. De igual forma, se elevó el número de familias que destinan más recursos a la seguridad privada.
Sin embargo, el sector de la seguridad privada tiene deficiencias significativas para garantizar un buen servicio. Hay 1.016 empresas de seguridad con permisos vigentes de funcionamiento, pero otras 801 tienen la autorización vencida. Hay 29.000 agentes de seguridad privada inscritos, pero 22.453 carecen de autorización y son contratados por empresas informales. Hay 7.140 expedientes de firmas con procedimientos abiertos por morosidad a la CCSS.
Mucho tiene que cambiar en el ámbito de la seguridad privada para que los usuarios se vean tentados para adquirir sus servicios como una forma segura de proteger los bienes e intereses.