La empresa de consultoría internacional Mercer publica anualmente un índice con los mejores sistemas de pensiones del mundo. En su publicación más reciente de hace unas semanas, Islandia aparece ranqueado en el segundo lugar, solo por debajo de Países Bajos. Este indicador solo se realiza para 47 países y, aunque el sistema de pensiones de Costa Rica no se evalúa, lo más probable es que nos ubicaríamos alrededor de la posición 30, cerca de Brasil y México, y lejos de los mejores sistemas de la región, encabezados por Chile y Uruguay.
¿Qué es lo que hace al sistema de pensiones de Islandia especial? Principalmente su sostenibilidad, gracias a las reglas de fondeo que se basan en estudios actuariales sólidos y a la forma en la que se invierten los ahorros de los fondos de pensiones, en donde destacan las inversiones en programas públicos y dentro de los cuales se encuentran obras de infraestructura.
Algo similar ocurre en Canadá, donde los fondos de pensiones invierten en obras de infraestructura incluso desarrolladas fuera de estos países. Por ejemplo, la empresa Globalvía, concesionaria de la Ruta 27 en Costa Rica, está conformada por fondos de pensiones de Canadá, Países Bajos y Reino Unido, y se dedica a desarrollar y operar proyectos de infraestructura como carreteras y metros en países como España, México, Chile, Estados Unidos, entre otros, en donde la operación de Costa Rica representa menos del 8% de la inversión gestionada.
Los fondos de pensiones son recursos que se deben invertir a muy largo plazo, idealmente 30 años o más. Dado el alto nivel de inversión, las obras de infraestructura también se construyen con la idea de operar por plazos muy extensos. Entonces existe una situación ideal en la que se da un calce natural entre las necesidades de los oferentes y los demandantes de ahorros de muy largo plazo.
Surge la pregunta del porqué estos países han podido utilizar una parte de los fondos de pensiones para financiar la infraestructura y Costa Rica apenas lo ha logrado muy incipientemente con algunos pequeños proyectos puntuales de generación eléctrica desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad, en el pasado, y en ejecución por CoopeGuanacaste más recientemente.
Parte del problema se debe a la nula gestión que los diversos gobiernos han realizado para promover la financiación de las múltiples obras de infraestructura que el país requiere. Esto es una paradoja, pues la inversión pública alcanzará en el presente año uno de sus niveles más bajos de su historia reciente, con 0,4% del PIB, cuando el país requiere al menos ocho veces esa cifra.
Así, no existe un plan maestro de proyectos de infraestructura que se puedan financiar con los fondos de pensiones, sino que la infraestructura se financia con endeudamiento público, principalmente con bancos multilaterales, lo cual representa un incremento en la deuda pública y en el riesgo país, en lugar de concesionar los proyectos con financistas externos como los fondos de pensiones.
Por otro lado, los intentos de concesionar obras de infraestructura han sufrido problemas de seguridad jurídica, como ha sido el caso de la fallida autopista a San Ramón, los retrasos de la Ruta 32, la siempre pendiente carretera a San Carlos o la amenaza que lanzó el presente gobierno de romper el contrato de la Ruta 27 con Globalvía. Ello sin tomar en cuenta los problemas de corrupción producto de licitaciones fallidas de proyectos de obra pública. Mal hubiéramos hecho en permitir el uso de fondos de pensiones en estas condiciones.
Por último, se debe entender que el objetivo de los fondos de pensiones es financiar el retiro de los trabajadores. Es decir, no debe perseguir el financiamiento de obras públicas a menos de que esto sea un negocio para los dueños de los fondos. Además, los fondos de pensiones deben invertirse en una cantidad suficientemente amplia de instrumentos para diversificar el riesgo. Desde este punto de vista, hay que comprender que los proyectos de infraestructura son más riesgosos que, por ejemplo, invertir en bonos de gobierno. Por lo tanto deben redituar una mayor rentabilidad para compensar ese mayor riesgo.
En resumen, hay camino por recorrer, porque para sacarle un mayor provecho a los ahorros para la pensión debemos generar un volumen adecuado de proyectos de infraestructura en concesión, ordenar la seguridad jurídica de los proyectos, crear mecanismos de control de la corrupción y ofrecer una tasa de rentabilidad adecuada según los riesgos asumidos.