S i no fuera porque el asunto es muy serio, la cándida historia contada por Ronald Solís a La Nación de cómo se nombró al gerente del Banco Costa Rica (BCR) daría para reír.
Nos cuenta que en su calidad de presidente de la junta directiva del BCR se sentía “muy solo” y necesitaba “apoyo” y “consejo” en la tarea de nombrar a un nuevo gerente.
El “apoyo” y “consejo” lo buscó en la Casa Presidencial y, concretamente, lo encontró con el director de Inteligencia y Seguridad del Estado, Mariano Figueres Olsen, quien le recomendó a su amigo Mario Barrenechea.
Finalmente, Ronald Solís le comunicó a sus compañeros de la junta directiva que la Casa Presidencial recomendaba al amigo de Figueres para la gerencia del BCR. Sus compañeros, reverentes, acataron la recomendación procedente de Zapote.
Esta historia puede ser cierta o no, no tenemos criterio para juzgar su veracidad. Pero como todo relato revela hechos importantes.
El presidente de la junta directiva de un banco estatal que administra activos por casi $9.000 millones y que representa una quinta parte del Sistema Bancario Nacional se sintió sobrepasado en la tarea de buscar un gerente para el Banco de Costa Rica.
Dicho banquero nunca antes se había enfrentado a una tarea semejante por una sencilla razón: llegó a la presidencia del BCR sin ninguna experiencia, capacidad o preparación para asumir tal función.
Hay que decirlo con toda claridad: los méritos de Ronald Solís andan por otro lado, muy distante del mundo bancario; están relacionados con su participación en un determinado partido político.
Este caso no es único. Los demás miembros de la junta directiva del Banco de Costa Rica están en las mismas condiciones: carecen en grado extremo de capacidad y experiencia para para administrar un negocio bancario.
Lo anterior aplica tanto para los directores nombrados por la administración del mandatario Luis Guillermo Solís Rivera como para los nombrados por el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda.
Estamos frente a un caso de doble irresponsabilidad.
Por un lado, la de quien hace los nombramientos y por el otro la de quienes son nombrados.
Este Gobierno —el del “cambio”— y los anteriores —los “tradicionales”— han sido totalmente irresponsables al nombrar en las juntas directivas de los bancos públicos a personas que no cuentan con la capacidad y experiencia para ejercer tales funciones. Pero también llama la atención la falta de profesionalismo de quienes aceptan cargos para los cuales no están preparados.
De la historia contada por Ronald Solís también se desprende otro hecho nada nuevo en la historia del Estado costarricense: el amiguismo en la toma de las decisiones. El nombramiento del gerente del BCR no se hizo mediante un concurso público y abierto, tal como había prometido el Partido Acción Ciudadana —el de la “transparencia— durante la campaña electoral anterior. Más bien fue resultado del consejo del jefe de la policía política que recomendó a su amigo.
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (SBN) establece, en su artículo 21, que para ser miembro de la junta directiva de un banco comercial del Estado se debe “tener conocimiento y experiencia en materia económica, financiera, bancaria o de administración, y en asuntos relativos al desarrollo económico y social del país”.
Este texto y un poco de sentido común en el Poder Ejecutivo deberían ser suficientes para el nombramiento de personas realmente idóneas en las juntas directivas de los bancos estatales. Lamentablemente, no ha sido así. Por el contrario, los cargos de directores bancarios simplemente han sido un botín político para repartir premios.
Ante estas circunstancias, se necesitará de una reforma a la ley del SBN para blindar el nombramiento de las juntas directivas de los bancos públicos en aras de mejorar su gobierno corporativo.
Esta reforma debería incluir varios puntos. Primero, establecer con claridad cuál es la instancia que asumirá la función de asamblea de accionistas para dictar los objetivos y velar por la salud financiera de los bancos estatales. Segundo, indicar con mayor detalle los requisitos de los directores bancarios en cuanto a conocimiento, experiencia, prevención de conflictos de interés y rendición de cuentas. Tercero, las posiciones gerenciales en los bancos comerciales del Estado deberían nombrarse mediante concursos públicos y abiertos —verdadera casa de cristal— con requisitos de idoneidad técnica claramente establecidos.
La lamentable situación de riesgo reputacional en que se halla el BCR obedece a la irresponsabilidad en los nombramientos de su junta directiva. De esta mala experiencia deberíamos aprender y hacer las reformas legales necesarias para que no se repita una historia que ya dejó huella en el cemento de la memoria.