La pandemia de la COVID-19 ha mostrado lo frágil que somos y a la vez, nos recuerda un sinnúmero de problemas estructurales aún no resueltos. La mala noticia es que la pandemia aún no termina y sus efectos van a estar presentes en los próximos años, desde los más visibles en términos de salud, hasta aquellos que con el tiempo irán agravándose mucho más.

COVID-19 nos toma en una situación precaria con respecto a nuestras finanzas públicas, con rezagos importantes en infraestructura, un crecimiento económico insuficiente para reducir el creciente desempleo y una fragmentación política, que a pesar de dos años de buen trabajo legislativo, presenta un entorno complejo y complicado para la toma de decisiones oportunas y necesarias para enfrentar la crisis y en el proceso, generar condiciones propicias para la reactivación económica y la generación de empleo.

Las proyecciones económicas prevén para el año en curso, una contracción de la economía no menor al 5%, un déficit fiscal cercano a los dos dígitos y el cierre de miles de pequeñas y medianas unidades productivas.

En lo que al empleo se refiere, el panorama es devastador. Con cifras históricas de desempleo e informalidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en los meses de la pandemia hemos experimentado la reducción de la población económicamente activa en un 7% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que quiere decir que 235.290 personas, por diferentes circunstancias, han abandonado la fuerza de trabajo.

Producto de la contracción económica, la demanda laboral se ha visto fuertemente reducida y la población ocupada ha disminuido en más de 400.000 personas, por lo que no es de sorprenderse que la tasa de desempleo abierto alcanzó la cifra récord del 24,4%.

Las mujeres y los jóvenes son los más afectados con tasas de desempleo del 30%. El subempleo también creció en este periodo y alcanzó el 24,6% sin dejar de lado la presencia de un importante sector de economía informal. Un indicador que llama la atención sobre la gravedad de la situación económica es el hecho que durante el segundo trimestre del año el número de empleos informales se redujeron, lo cual podría indicar una importante reducción en los ingresos de miles de personas, afectando la demanda de bienes y servicios en la informalidad.

En resumen, gran parte de los trabajadores de Costa Rica no goza de estabilidad laboral y sus ingresos se han visto afectados fuertemente durante los meses de la pandemia.

El objetivo de este artículo, lejos de un recuento de estadísticas sobre el desempleo y otros problemas de trabajo, es llamar la atención sobre la dimensión humana de estos y abogar por la necesidad de contar con una estrategia para el empleo para las próximas décadas que incluya acciones de mayor impacto para enfrentar el desempleo y la informalidad actual.

La dimensión humana

No se puede ignorar la gravedad del problema del desempleo y la informalidad. Las estadísticas no mienten, pero tampoco muestran en toda su expresión el drama humano asociado al desempleo.

Si abordamos el problema del empleo como la pérdida de los atributos del trabajo, podremos dimensionar en el tiempo la seriedad del problema de falta de empleo y la informalidad y su impacto en el bienestar de las personas afectadas y sus hogares.

El atributo más reconocido es el trabajo como fuente de ingresos. No estamos hablando solo del salario sino también de todos aquellos beneficios ligados al trabajo. Muchos de esos beneficios, cuantificables o no, forman parte de lo que llamaría el ingreso social.

Algunos ejemplos son pluses por razón de antigüedad en el trabajo, por exclusividad, como reconocimiento a títulos universitarios y certificaciones de competencias laborales; otros son beneficios como becas, subsidios para el transporte y la comida. Todos los beneficios forman parte de un sistema de bienestar ocupacional que, por lo general, complementa al sistema de bienestar social.

El mejor ejemplo de ello son las convenciones colectivas que incluyen beneficios propios de un sistema de bienestar ocupacional que, en periodos como los que estamos viviendo, exacerban las diferencias entre los trabajadores que gozan de estabilidad laboral y reciben un importante ingreso social, en contraposición con aquellos trabajadores que perdieron su trabajo o han visto reducidas sus jornadas y por ende, su salario y su ingreso social, en el mejor de los casos, se han reducido.

La inmensa mayoría de empleados públicos cuentan con ingresos sociales proporcionalmente mayores que el grueso de los trabajadores en sectores no gubernamentales y que representan más del 80% de la fuerza laboral ocupada. Cuán justo es el sistema de bienestar ocupacional es tema para un mayor análisis que escapa del objetivo de estas palabras, pero que es parte de lo que instancias como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deberían llevar a cabo de forma permanente en el marco de sus responsabilidades de velar por un sistema de relaciones laborales dinámico, que contribuya a la democracia y a la paz social.

El trabajo es fuente de identidad ocupacional y la suspensión del mismo, así como la presencia de periodos de inestabilidad laboral, pueden tener un impacto negativo en la autoestima y salud mental de los trabajadores. Las imágenes estereotipadas de diferentes ocupaciones influyen en las expectativas que tienen personas desocupadas que están buscando empleo, en particular, jóvenes que buscan por primera vez o tienen un historial laboral incipiente.

En épocas de contracción económica que van acompañadas de problemas crecientes de desempleo, muchas personas optarán por aceptar puestos que no necesariamente satisfagan sus expectativas ocupacionales lo que puede ser, con el tiempo, fuente de inestabilidad laboral que podría afectar sus ingresos, su autoestima y su estado emocional. Con el pasar del tiempo y en casos de periodos de desempleo de larga duración, las consecuencias pueden llegar a afectar la salud de las personas desempleadas.

Existen estudios serios al respecto durante la Gran Depresión de los 30 y la crisis de los 80 que muestran esos efectos en el bienestar de los desempleados, por lo que no deberá sorprendernos si en el futuro, cambios en la morbilidad y la criminalidad obedezcan al impacto del desempleo de larga duración.

Otro atributo del trabajo es ser fuente de interacción social. La pérdida de trabajo, aunado a periodos de martillo durante la pandemia, pueden tener un impacto negativo en el bienestar de las personas que perdieron su empleo. Un contraargumento sería el mayor tiempo que una persona pasa en su hogar con su familia, pero siendo realistas, muy pocas personas desempleadas tienen la posibilidad de mantenerse y mantener a sus familias por largos periodos sin ingresos.

La estructuración del tiempo es otro atributo ligado al trabajo. El teletrabajo y la flexibilización de las jornadas laborales son aspectos a considerar para el análisis de la importancia en términos del uso del tiempo. Sin embargo, para las personas que pierden su empleo y no tienen alternativas porque carecen de destrezas y conocimientos para optar por esquemas de trabajo flexibles, como el teletrabajo, el manejo del tiempo puede ser difícil y hasta llegar a afectar su salud mental.

Un último atributo a tomar en cuenta para efectos del artículo es el trabajo como fuente de creatividad, innovación y propósito. La pérdida del trabajo y el confinamiento, afectan en mayor grado particularmente a personas no calificadas, o con serias carencias en términos de sus competencias y conocimientos para asumir trabajos ligados a las nuevas tecnologías. La brecha digital que afecta más a los jóvenes en condición de pobreza así como las disparidades educativas que se han exacerbado en los últimos años y que representan un rezago para el desarrollo de competencias para el trabajo y la vida adulta para miles de estudiantes de primaria y secundaria, crean condiciones propicias para la reproducción intergeneracional de la pobreza.

La pandemia puso en evidencia las diferencias que existen en términos de acceso a tecnologías entre nuestra población joven y los grandes rezagos que enfrentan estudiantes de escuelas y colegios públicos con respecto a estudiantes que cursan sus estudios en instituciones educativas privadas. Esto nos obliga a actuar, sin dilación alguna, para facilitar el acceso a tecnologías de punta a nuestros estudiantes y profesores y llevar a cabo la tan necesaria reforma educativa que posibilite el desarrollo de capacidades analíticas y resolutivas y de competencias para la vida adulta y el trabajo. Si no lo hacemos, seremos cómplices de la pérdida de una generación con las repercusiones sociales y económicas que tendrán que enfrentar muchos de esas personas y que las pondrá en posición desventajosa a la hora de incorporarse al mercado laboral.

En realidad, con la excepción de muchos de los beneficios propios de un sistema de bienestar ocupacional, es difícil cuantificar el costo económico y social de la pérdida del trabajo desde una perspectiva humana, más allá de las estadísticas y tomando en cuenta que con el devenir del tiempo, las consecuencias del desempleo y la informalidad serán más graves. Por ello, debemos asumir responsabilidades para la reactivación económica, en particular, de aquellos sectores que son intensivos en mano de obra, para generar mayores oportunidades de empleo y evitar las consecuencias ligadas a extensos periodos de desocupación cuyo impacto en el bienestar de los desempleados y sus familias puede ser devastador.

El reto es aún mayor pues las medidas que se impulsan para mitigar el impacto económico y social de la pandemia no son suficientes para enfrentar con éxito problemas estructurales como los rezagos y disparidades entre la educación pública y la privada, la brecha digital que alimenta esas diferencias y los problemas estructurales de empleo que serán cada vez más graves si los esfuerzos para reactivar la economía no van acompañados de una reforma educativa basada en el conocimiento y la innovación que aproveche los cambios tecnológicos así como una estrategia para el empleo que incorpore políticas públicas y programas para la formación de una fuerza laboral competente y que responda a las necesidades de los sectores dinámicos de una economía moderna.

Son momentos difíciles con poco margen de error para la toma de decisión y la acción política por lo que todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y ayudar para preservar y fortalecer nuestra democracia y gozar de la paz social que heredamos de nuestros antepasados y que debe ser nuestro legado para las generaciones del futuro.