Cambridge–. Un estribillo que se oye muy seguido, y que es cada vez más frecuente en la política estadounidense, es que el sector corporativo de Estados Unidos está excesivamente influenciado por consideraciones del mercado bursátil de corto plazo.
Mientras que la elección presidencial norteamericana no está particularmente centrada en las políticas hoy en día, la campaña pronto terminará y, en ese momento, habrá gente que gobernará y políticas que se adoptarán. Considerando que tanto los republicanos como los demócratas han criticado el cortoplacismo, es posible que algunas de esas políticas apunten a resolver esta cuestión. Pero es poco probable que marquen alguna diferencia.
No solo se ha exagerado en demasía el problema del cortoplacismo, sino que las propuestas de políticas para resolverlo son profundamente deficientes.
Consideremos la propuesta de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton –que fue respaldada por el vicepresidente Joe Biden–, de utilizar el impuesto sobre ganancias de capital para alentar a los accionistas a retener sus acciones por un periodo más prolongado.
La idea es que cuando los accionistas compren y vendan sus acciones de manera frenética, los ejecutivos se sientan presionados para asegurar ganancias elevadas todos los trimestres, de manera que el precio por acción no caiga. La inversión, digamos, en investigación y desarrollo, a pesar de sus beneficios a largo plazo, puede inducir a los accionistas a vender, castigando a la compañía con un precio accionario en baja.
Hoy, la tasa más baja para las ganancias de capital existe para los beneficios que los accionistas obtienen cuando venden acciones retenidas por un año o más.
Clinton y sus asesores esperan, en cambio, gravar las ganancias de capital a tasas habituales para aquellas acciones retenidas hasta un plazo de dos años, después de lo cual la tasa bajaría cuatro puntos porcentuales por año hasta alcanzar, tras varios años, la tasa de largo plazo actual, cuyo tope es del 20% para los inversores adinerados.
Si los accionistas saben que retener acciones de una empresa eventualmente les permitirá beneficiarse de una tasa impositiva más baja, sostiene el argumento, estarán más dispuestos a tolerar una caída en las ganancias trimestrales de esa compañía.
Con la posibilidad de pensar en un más largo plazo, los ejecutivos tomarían decisiones que tengan una recompensa a largo plazo, incluso si hoy resultaran costosas.
El plan, en verdad, suena razonable. El problema es que una tasa impositiva decreciente para las ganancias de capital no impedirá que la mayoría de los accionistas compren y vendan en bolsa; como mucho, impulsará a algunos de ellos a operar con menos frecuencia.
Los ejecutivos todavía tendrán que preocuparse por el precio que los operadores les asignan a sus acciones.
Por supuesto, recortar la velocidad de las operaciones puede tener otros efectos, buenos y malos. Si hoy se dedican muchos recursos y demasiada capacidad mental a encontrar precios levemente bajos o sobrevaluados de acciones, el programa de Clinton podría ser algo bueno, ya que ayudaría a reasignar esos recursos. Si, por el contrario, un volumen menor de operaciones hace que los mercados se tornen más volátiles e impredecibles, gravar el cortoplacismo podría resultar un peor remedio que la enfermedad.
Como sea, el programa de Clinton no alcanzará el objetivo manifiesto de inducir a quienes operan, y en consecuencia fijan los precios de las acciones, a adoptar una perspectiva de más largo plazo. Tampoco hará que los ejecutivos corporativos se preocupen menos por los resultados del próximo trimestre. Los precios, después de todo, seguirán subiendo y bajando.
Existe otra razón por la cual la propuesta no resultará efectiva: muchos de los principales accionistas son instituciones que no pagan impuestos, como los fondos de pensiones y las fundaciones. Y muchos otros accionistas compran y venden en el lapso de un año, aunque esto implique pagar la tasa impositiva completa.
El horizonte temporal de su toma de decisiones no se verá afectado por una introducción progresiva de la tasa impositiva más ventajosa.
Pero el hecho de que el plan de Clinton no alcance su objetivo no es exactamente el fin del mundo. Contrariamente a la opinión generalizada, el cortoplacismo inducido por el mercado bursátil quizá no sea una desventaja económica importante. Existe una evidencia considerable (aunque no concluyente) de que no es tan generalizado –o tan problemático– como muchos creen.
Consideremos lo siguiente: cuatro de las diez compañías más grandes de Estados Unidos hoy, medidas por su capitalización en el mercado accionario, son Amazon, Apple, Alphabet (Google) y Microsoft. A ninguna de ellas se las puede acusar de no invertir en investigación y desarrollo u otros proyectos de largo plazo, a veces hasta visionarios. Y el mercado bursátil las respalda muy bien a todas. Si ellas pueden lograrlo, otras también –y con certeza así será–.
En otras palabras, poner fin al cortoplacismo se ha convertido en una cuestión política a la que se le adjudica más relevancia de la que merece. Es una causa que resuena ampliamente no porque el cortoplacismo esté obstaculizando la economía, sino porque decir que lo está haciendo justifica proteger de un cambio rápido a quienes tienen una participación en el statu quo –los empleados bien pagos, los CEO, la alta gerencia y los presidentes de directorio–.
La moraleja es que existen problemas más importantes y más apremiantes de los que nos tenemos que ocupar. E, inclusive si el cortoplacismo fuera un problema importante, la propuesta impositiva de Clinton no lo resolvería.
La buena noticia aquí es que el plan no está ubicado particularmente arriba en la agenda de Clinton, lo que deja abierta la posibilidad de que tal vez no se sienta obligada a implementarlo cuando resulte electa.