La reforma del Estado de la que no se habla, pero se puede ejecutar

Hay que compatibilizar la nueva realidad que se vive con las funciones del puesto que deben ejecutar actualmente los colaboradores públicos

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Mucho se ha escrito de la reforma del Estado, y un porcentaje muy alto de la población tiene un entendimiento claro, de su necesidad. No obstante, no se hace. Todo queda en nada porque para ejecutar la reforma, se requiere un apoyo y decisión del poder ejecutivo, y esto puede significar, violentar ofrecimientos políticos, mejor dicho, violentar promesas de campaña política.

El concepto de reforma del Estado es visto como una mala idea, porque dependiendo de la adhesión política que se tenga, se vería como despido de empleados públicos, y en el mundo actual, esto ya no se visualiza como viable.

También, se puede ver como un cambio de funciones en los puestos de los funcionarios públicos, de departamentos, o de divisiones de ministerios o instituciones públicas; y ello, puede desestabilizar el colaborador público y estaría prohibido por las normas no escritas de la responsabilidad que se tiene con los trabajadores, de mantener intactas sus condiciones de ingresos al puesto de trabajo; al cual, no se le puede variar de ninguna forma.

Hoy se tienen otros énfasis de los que se tenían hace 40 años cuando colaboradores ingresaron al sector público, otras prioridades, otros productos u objetivos, sin embargo, en el sector público, no se puede variar ninguna de las esas funciones de los puestos de ingreso, de hace 40 años. Evidentemente, algo tenemos mal reglamentado o aprobado en leyes de otras épocas que no tienen que ver con la realidad que se vive hoy, tanto en Costa Rica, como en el mundo; aunque, no se pretende, ni sería el objetivo, despedir funcionarios públicos, ni pretender perjudicar de alguna forma.

Lo único que se busca es actualizar las funciones de sus puestos de trabajo en las fechas de ingreso al sector público, y lo único sería compatibilizar la nueva realidad que se vive con las funciones del puesto que deben ejecutar actualmente los colaboradores públicos.

En fin, somos de la idea, que sin necesidad de despedir un solo colaborador público, sin cerrar una sola unidad o departamento de alguna dirección del Estado, se pueden hacer reformas del Estado, en donde todo esta en manos de los ministros del sector, de director de división en general de los jefes de las diferentes áreas del Estado. Es decir, de los mandos medios del sector público. Esto incluye el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y entidades autónomas.

Estamos hablando que desde tiempos de inicio de la administración de empresas se tiene claro que en cada puesto de trabajo el funcionario tiene que llevar a cabo la planificación, organización, ejecución y control, de sus funciones, en su propio puesto de trabajo.

Esto significa que, en todos los puestos de trabajo, se tiene que planificar; entiendo cómo definir el objetivo de las funciones del puesto de trabajo, su programación en coordinación con los objetivos del departamento al que pertenece, de la división a la que reporta, coordinado con el objetivo del ministro del ramo, del magistrado, o del presidente ejecutivo. Es decir, que toda labor que se hace en una entidad pública debe contribuir a la visión y misión de la entidad como tal.

Para ejecutar las funciones, cada colaborador debe coordinar con otras dependencias, de tal forma que, en conjunto, sus funciones sean parte del engranaje integral del departamento, división y ministerio, o magistrado al cual pertenece. Además de que todos los miembros del equipo deben contribuir al objetivo general de la institución global.

Las labores del puesto de trabajo que se realizan, deben ser totalmente las necesarias, dentro del departamento, división, ministerio al cual pertenece. Solo tengo que ejecutar funciones propias de mis responsabilidades integradas en una organización, estas, pueden ser diferentes a las que se hicieron hace 40 años, en cuanto a forma, pero igual en cuanto al resultado o producto; ajustado a la nueva realidad de Costa Rica y del mundo.

Y que decir del control, todos en cada puesto de trabajo deben tener obligaciones de control que permitan que las funciones se ejecuten con la calidad correcta, con la certeza de ser el resultado que se deben hacer en el tiempo y costo o recursos adecuados. Un colaborador, no puede esperar ser supervisado, para que se le revise que sus funciones sean correctas, todos tenemos que hacer las funciones con el grado de calidad suficiente.

Teniendo esto claro, en cada esquina o resquicio de las entidades del Estado se pueden ejecutar las funciones que se deben considerando la nueva realidad, sin necesidad de cambiar leyes y reglamentos, a lo sumo se pueden cambiar algunas directrices internas, para precisar las nuevas formas de entender las mismas funciones que se tienen que ejecutar en los puestos de trabajo, considerando, las etapas de planificación, coordinación, ejecución y control.

Por ejemplo; un auditor que entró a trabajar a Hacienda, en 1992, y para hacer las auditorias fiscales, a un contribuyente en el Ministerio de Hacienda, se hacía previa solicitud de los documentos físicos al contribuyente, los cuales tenían que ser entregados en las oficinas de Tributación, y hoy día, se hace mediante una solicitud por escrito de facturas y documentos electrónicos, que se pueden recibir electrónicamente, y revisar electrónicamente.

¿Es esto un cambio de las funciones?, desestabiliza esto a un colaborar del Ministerio de Hacienda que ingresó hace 40 años?, claro que no; el colaborador, esta haciendo lo mismo en su mismo puesto de trabajo, y lo que ha cambiado es la forma de ejecutar su trabajo, atendiendo los nuevos tiempos y la tecnológica que se vive actualmente. Esto se implementó en tiempos de pandemia y ha dado muy buenos resultados.

Vamos un poco más allá, ese auditor fiscal, que trabaja en el Ministerio de Hacienda, desde hace 30 años, y que solo realiza auditorias fiscales en la jurisdicción de San José, o de Alajuela o Cartago, y ahora se le pide hacer auditoria a contribuyentes de cualquier lugar del país, ¿le genera un cambio de funciones?, responsabilidad? claro que no.

Avancemos un poco más, con la tecnológica actual, los impuestos se pagan con conectividad bancaria, sin necesidad de visitar alguna oficina de Hacienda, y además todo trámite solo se puede hacer electrónicamente, vía ATV y Travis, con una plataforma, adecuada a la realidad nacional y mundial que, permite al contribuyente, perder menos tiempo y hacer todos los trámites electrónicamente en un solo lugar o ventanilla electrónica.

Será necesario que se tengan oficinas de Tributación por todo el país, con espacios físicos, alquiler, y funcionarios de atención en ventanilla que no es lo que se requiere el día de hoy, en donde la realidad mundial es que estas personas, en vez de estar atendiendo contribuyentes en ventanillas, les corresponde estar en la recepción de correos electrónicos y sus respuestas. Sin duda, que esto requiere que el propio funcionario asuma su responsabilidad.

Esto requiere que se tenga mayor control por las labores que hacen los colaboradores, es decir sus jefes tiene que implementar y ejecutar funciones de control para revisar lo ejecutado. Los directores deben ser capaces de medir cada una de las solicitudes presentadas en ATV y ver día a día los tiempos de respuesta. ¿Es esto un cambio de funciones que desestabiliza a los colaboradores públicos con estas novedades? evidentemente no, el colaborador sigue haciendo lo mismo en el mismo puesto, por lo tanto, todo se puede hacer sin necesidad de cambio en leyes y reglamentos.

En las oficinas públicas en general, ¿cuáles son los cambios que se tienen que hacer y que no implican ajustes en las funciones de los puestos de trabajo de los colaboradores, que permiten ahorro de alquileres, de oficinas, parqueos, servicios como luz, agua, teléfonos, internet, por todo el país, reduciendo los gastos del Estado?

Al igual que Hacienda, otras entidades podrían hacer lo mismo como la dirección de Tributación, Aduanas y sus oficinas administrativas, el Ministerio de Economía, Salud, Educación en la parte administrativa, Justicia, Vivienda, Minae; también se puede extender a la Corte Suprema de Justicia, y sin duda, que lo puede hacer el AYA, el ICE, los bancos públicos, las mutuales.

Hagamos nuestra labor sin tener que justificar razones por las que no se hacen los cambios que el país necesita.