Es cierto que la pérdida de competitividad que hoy afecta al país no se le puede achacar solamente a este gobierno.
Empero, el hecho de que 22 empresas hayan anunciado cierres y despidos en los últimos 19 meses no parece ser un acto de casualidad ni, mucho menos, de simple mala suerte de la actual administración.
Basta revisar la décima edición del Barómetro de Empresas de la firma Deloitte, para percatarse de datos tan relevantes como que un 71% de las firmas considera que el mal actuar del Gobierno es la causa para reducir el empleo, o que un 56% de las empresas considera las malas señales de parte del Ejecutivo como el motivo que desincentiva la inversión privada. Datos verdaderamente preocupantes.
Es momento de que el presidente Luis Guillermo Solís, aunque pretenda sacudirse ante el cierre de empresas, asuma, junto con su fracción y sus aliados, el grado de responsabilidad correspondiente sus propios errores.
Decisiones como su férrea oposición a la apertura del mercado eléctrico, o la tramitación inconstitucional de un excesivo presupuesto para el 2015, que incrementó el déficit fiscal (5,7% del PIB a diciembre del 2014), hicieron no solo que las empresas le llamaran la atención, sino que, además, las calificadoras de riesgo, como Moodys o Fitch, rebajaran la calificación de la deuda de nuestro país, hecho que se traducirá, tarde o temprano, en pérdida de inversiones.
Esos actos se suman a otros que representan una verdadera afrenta a la seguridad jurídica, como el levantamiento inconstitucional del veto a la reforma procesal laboral, en la cual se respaldaba la huelga en servicios esenciales; señales de proteccionismo en ciertos sectores agroproductivos; el impulso de un borrador para una nueva ley de radio que pretendía controlar y censurar medios, así como un borrador de reglamento del INVU, que planteaba limitaciones al uso de la propiedad privada, o las desafortunadas declaraciones del viceministro de Trabajo, para imponer impuestos a las zonas francas.
Todas son peligrosas señales que más que preocuparnos, deberían de ocuparnos, sobre todo ahora que, luego del pasado 1 de mayo se consolidara el pacto integrado por Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y el bloque sindical Patria Justa, el cual pretende sacar el debate de importantes iniciativas de la arena institucional y llevarlo a la calle, generando todavía más incertidumbre y desconfianza en sectores claves, algo que podría generar un crecimiento aún mayor del desempleo.
Es momento de que cada quien, en lugar de continuar buscando culpables a más de un año de llevar las riendas del país –todavía no sabemos para dónde–, asuma su responsabilidad y comprenda, de una vez por todas, que no se puede ser oposición desde el gobierno, pues todos, lo queramos o no, sufrimos las consecuencias.