Según el titular de una nota publicada el pasado 20 de septiembre en La Nación, la “Ley de usura borró a 252.000 clientes de tarjetas de crédito”. Basada en información brindada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se afirma en la nota periodística que tras la aprobación de la reforma a la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (“ley de usura”) el 9 de junio de 2020, la cual establece tasas de interés límite al otorgamiento de créditos tanto en dólares como en colones, la banca ha registrado un efecto tanto en la reducción de tarjetas de crédito, como en el monto adeudado.
Las tasas de interés reflejan el costo del dinero en el tiempo. En muchas economías se determinan libremente por la competencia en el sistema financiero, pero en otros países sí se aplican topes máximos.
Este tipo de medidas se ha aplicado en el ámbito internacional en distintas economías; sin embargo, los resultados sobre su efectividad y efectos “colaterales” son controversiales. En efecto, según la evidencia teórica y empírica, la fijación de topes a las tasas de interés puede tener efectos de exclusión, reducción en la intermediación financiera, aumentos en los costos financieros e incluso, mayor concentración de los mercados.
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El objetivo de la implementación en Costa Rica fue, sin duda, loable; proteger a los deudores -principalmente a los más vulnerables- de pagar “tasas de usura” y limitar el sobreendeudamiento de las familias. Sin embargo, como previeron varios expertos y autoridades en la materia, las políticas de control de precios pueden generar distorsiones en la asignación de los recursos y la exclusión de no pocas personas al acceso a los bienes y servicios cuyo precio se controla y, por tanto, un crecimiento del mercado informal de préstamos, en este caso.
Esto, lejos de beneficiar a los consumidores financieros, como se buscaba, resulta perjudicial, pues restringe el acceso al crédito formal precisamente en los segmentos de la población más vulnerables y con menores ingresos, pues aquellos clientes cuyo perfil de riesgo sea mayor y tengan un costo de financiamiento superior a los límites de interés establecidos, quedarían excluidos.
Como se argumentó, previo a la aprobación por parte de expertos, reguladores y banqueros, si las entidades financieras no pueden cubrir el costo de financiamiento asociado a los distintos perfiles de riesgo, deben excluir a estas personas.
Tanto las elevadas tasas de interés pagadas por los consumidores, como el acceso al crédito y el sobreendeudamiento de los hogares son problemas reales, pero existen medidas alternativas más efectivas para mitigarlos. Además, es necesario primero entender la causa de dichos problemas.
No se cuestiona la necesidad de regular el mercado financiero, el cual presenta obstáculos para su funcionamiento eficiente y transparente; sin embargo, la regulación debe apuntar a resolver los problemas estructurales del mercado y no las consecuencias de estos.
En el caso de las tasas de interés, las medidas para reducirlas son distintas si estás son elevadas debido a que reflejan un alto costo de otorgar crédito porque el mercado es, por ejemplo, muy concentrado y poco competitivo, o si los consumidores no cuentan con información adecuada y suficiente a la hora de tomar sus decisiones.
Como se menciona, los estudios internacionales revelan que existen mejores herramientas para reducir las tasas de interés como: promover una mayor competencia en el sistema bancario; implementar políticas para promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, reducir el desempleo y aumentar la formalidad; mejorar la situación de las finanzas gubernamentales (puede tener un impacto en el costo de fondeo de las instituciones financieras); fortalecer y ampliar la educación y cultura financiera de la población; fortalecer la protección al consumidor financiero; buscar una mayor transparencia por parte de las empresas que prestan estos servicios e implementar mayor digitalización a fin de reducir costos operativos.
En días recientes, el Ministerio de Comercio Exterior publicó el documento “Hoja de ruta de compromisos de Costa Rica como miembro de la OCDE”, en el cual se presenta una guía de los siguientes pasos, compromisos y reformas por seguir para alinear nuestra legislación y políticas públicas con las mejores prácticas de la organización.
Entre los compromisos post adhesión, el país deberá presentar reportes regulares sobre el avance de la implementación de instrumentos jurídicos y recomendaciones realizadas por OCDE, entre ellas; mercados financieros. En esta área se incluye una serie de recomendaciones sobre principios y buenas prácticas de educación financiera, protección al consumidor y regulación financiera eficaz y eficiente.
Resulta fundamental como país aprovechar la experiencia y las recomendaciones a las cuales se tiene acceso al pertenecer a la organización para tomar nuevas decisiones de política pública en este y otros temas, así como para evaluar el impacto de las medidas tomadas para identificar si se están alcanzando los resultados económicos y sociales que se pretendían.
Sin llegar al extremo del economista Thomas Sowell, para quien debemos medir las políticas aplicadas por su impacto y efecto en la sociedad, y no por la intencionalidad con la que estas fueron aplicadas; resulta trascendental analizar los resultados de las políticas y las circunstancias en las que se aplican, pues no basta con las buenas intenciones.
Hacia adelante se deben buscar medidas para reducir las tasas de interés de manera que algunas de las personas excluidas puedan reincorporarse y dada la importancia de este tema es fundamental que los diferentes partidos políticos lo consideren en sus programas de gobierno.