Pronto tendremos en Costa Rica un debate sobre la conveniencia o no de dejar operar a Uber en libertad. Se abrirán diversos frentes para el análisis y, sin duda, se podría sentar un precedente que afecte la libertad económica que todo país requiere para su desarrollo social.
Gracias a la tecnología, Uber conecta a pasajeros con conductores a través de su aplicación, permitiendo más posibilidades de transporte para los pasajeros y más negocio para los conductores. Desde su fundación, en 2009, se ha extendido a más de 70 ciudades. El usuario debe descargar la aplicación y, luego de registrarse, debe permitirle encontrar su ubicación a través del GPS. El cliente elige entre diferentes modelos de auto y luego activa el pedido. Uber encuentra al chofer más cercano y lo manda hacia el cliente. Un servicio puntual, ágil, limpio y seguro.
Veremos si el Gobierno (Ejecutivo y Legislativo) de Costa Rica, respondiendo a una genética populista y a clientelas electorales organizadas en agrupaciones de taxistas y porteadores, reacciona con la amenaza de prohibir el servicio entre particulares en libertad. La argumentación de los ineficientes será: “Uber no paga los costos que nosotros sí pagamos”. Tienen razón. El Gobierno no debería regular a Uber, debería simplificar y desregular a todos los tipos de transporte público agremiado, para que la competencia sea justa y el ciudadano mande.
Sin embargo, en estricto sentido, el tema no se refiere solo a esta empresa, más bien, es un caso en el que lo importante radica en si particulares pueden o no relacionarse entre ellos con total libertad para tener iniciativas económicas y mejorar sus condiciones de vida, bajo reglas de transparencia y la tecnología disponible.
Debiera resultar evidente que, la política más efectiva de un gobierno para incrementar la riqueza y el crecimiento económico no es la de aumentar su propio gasto ni la promulgación de capa tras capa de normativas reguladoras, que son perfecto caldo de cultivo para el “empresario estatista”, pues ambas reducen la libertad económica.
El vínculo entre libertad económica y desarrollo –dice The Heritage Foundation– es evidente y sólido. Las personas en sociedades económicamente libres viven más, tienen mejor salud, son mejores custodios del medio ambiente y logran dejar atrás la pobreza estructural. Rompen las barreras del logro humano en campos como la ciencia y la tecnología debido a una mayor innovación y libre colaboración.
Esta fundación sostiene en su último índice de Libertad Económica que Costa Rica se ubica en el lugar 51 de 169 países, esto es, moderadamente libre.
Manteniendo el exceso de regulación en todos los campos de actividad económica solo se provoca el incremento de los costos de transacción en el sistema, en el que los últimos afectados siempre son el pequeño productor, el microempresario y los más pobres. Esto es muy difícil de entender para el populista autoritario (quien hace más daño cuando tiene poder) porque para él, ese pobre no es un ciudadano con necesidades sino que es parte del ambiguo bien común, y un simple voto electoral.
Ese perfil de político perfectamente puede sostener: ¡no te metas con mis pobres (votos!). Y así usará el argumento de la aplicación de la ley para que todos mantengan la condición de rehenes del sistema.
Lo importante no es Uber, estrictamente hablando. Lo importante es evitar que se pongan límites al número de unidades de transporte privado de personas, para que hagan bien su trabajo en términos de excelencia, seguridad y puntualidad. Vivimos un caso en el que empresarios, brindando un servicio privado, cuyo derecho fue obtenido mediante regulación no exclusiva sino excluyente, se convierten en grupos de presión capaces de tomar de rehenes a los ciudadanos mediante el bloqueo de calles, dañando y poniendo en grave riesgo a los más vulnerables.