La imperante problemática de injusticia laboral que afecta a los trabajadores independientes en Costa Rica demanda una atención inmediata y acciones concretas. La significativa contribución de estos profesionales a la economía del país no puede ser subestimada ni ignorada, por lo que es crucial abordar prontamente los desafíos relacionados con sus derechos laborales.
Estos emprendedores y pulseadores, que optan por forjar su propio camino en el mundo laboral, desempeñan un papel esencial en la construcción de la riqueza y la diversidad económica del país. Sin embargo, a pesar de su significativa contribución, persiste una marcada injusticia que se refleja en la carencia de derechos que sí disfrutan todos los asalariados.
Las estadísticas proporcionan un panorama que merece un análisis detenido. Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a septiembre de 2023, la fuerza laboral nacional se situó en 2,26 millones de personas, con una población ocupada de 2,08 millones de individuos. De este conjunto, alrededor de 1,57 millones eran trabajadores asalariados, representando el 75,7 % de la población ocupada.
En contraste, 482.000 personas desempeñaron labores de manera independiente, equivalente al 23,2 % Además, se registraron 23.000 trabajadores que desempeñaron funciones como auxiliares no remunerados, constituyendo el 1,1 % restante.
Precisamente, cuando hablamos de los trabajadores independientes, nos referimos a ese 24,3% de gente que enfrenta un sistema que los llena de tramitomanías en diferentes áreas, pero los excluye de beneficios laborales esenciales que sí disfruta ese 75,7% de asalariados.
En una sociedad que valora la equidad y la justicia, es desconcertante observar cómo los trabajadores independientes están excluidos de las garantías sociales fundamentales. La falta de acceso al aguinaldo, las vacaciones remuneradas y otras prestaciones que disfrutan los que son empleados, crea una brecha flagrante en la seguridad económica y el bienestar de estos individuos.
Uno de los pilares que sustenta esta inequidad es la falta de reconocimiento y regulación adecuados para los trabajadores independientes. Muchos emprendedores enfrentan la ardua tarea de establecer y hacer crecer sus negocios o actividad sin el respaldo de políticas que les aseguren condiciones laborales justas. La carencia de un marco legal integral deja a estas personas muy vulnerables, enfrentando desafíos económicos y sociales considerables.
Por otra parte, muchos empleados que recibieron su aguinaldo podrán disfrutar de celebraciones, regalos y vacaciones pagadas para gozar plenamente de las festividades de fin y principio de año. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la realidad de los trabajadores independientes, quienes, conscientes de que detener su actividad implica no poder cubrir los gastos cotidianos, no comparten el privilegio de los asalariados.
Derechos fundamentales
Es imperativo abordar este problema de manera integral. Reconocer los derechos fundamentales para los trabajadores independientes no solo es una cuestión de justicia, sino también una inversión en la estabilidad económica del país. Proporcionar acceso a beneficios como el aguinaldo y las vacaciones no solo mejora la calidad de vida de esos trabajadores que día a día luchan por su llevar alimento a sus hogares, sino que también contribuye a fortalecer la economía al impulsar el consumo y el bienestar general.
En este sentido, es crucial que las autoridades gubernamentales y las partes interesadas del sector privado trabajen juntas para establecer políticas inclusivas que aborden las necesidades y preocupaciones de los trabajadores que laboran por cuenta propia. Un diálogo constructivo y la implementación de reformas serán fundamentales para construir un entorno laboral que fomente la equidad y la prosperidad para todos.
Reconocer y proteger los derechos de esta parte vital de la fuerza laboral no solo reflejará los valores fundamentales de nuestra sociedad, sino que también contribuirá al crecimiento sostenible y la estabilidad de la economía costarricense.
El autor es miembro de la organización Borrón y cuenta nueva.