Luego de un complejo proceso de adhesión, Costa Rica se convertirá finalmente en el miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La iniciativa surgió en el gobierno de Laura Chinchilla bajo el liderzgo de Anabel González Ministra de Comercio Exterior.

Como política de Estado, el proyecto continuó en las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada, a cargo de los ministros de Comercio Exterior, Alexander Mora, Dyalá Jiménez y Andrés Valenciano. En el camino participaron diversas instituciones públicas y organizaciones del sector privado cuya interacción fue necesaria para pasar con éxito las 22 evaluaciones de los comités de la OCDE.

A lo largo del proceso, el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y los diputados de la Asamblea Legislativa fue clave para aprobar varias leyes necesarias para la adhesión, trámite que reflejó la cooperación efectiva entre diferentes fracciones del congreso.

¿Qué es la OCDE?

La OCDE surge en 1961 como institución de reemplazo de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE), que había sido creada para administrar el Plan Marshall de recuperación de la economía del viejo continente devastada por la II Guerra Mundial.

La OCDE asumió el principio fundacional de la OCCE, la cual declaraba que “los sistemas económicos están interrelacionados y que la prosperidad de cada uno de ellos depende de la prosperidad de todos”.

Con la plena incorporación de Costa Rica, la membresía de la OCDE se ha expandido para incluir 38 países que se extienden por todo el mundo, desde las Américas hasta Europa y Asia-Pacífico. Los miembros actuales de esta organización ― compuesta por democracias y economías de mercado de ingresos medios y altos― representan más del 60% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Por medio de la adopción de los instrumentos legales de la OCDE, sus miembros se comprometen a mantener una economía abierta, ejercer una democracia pluralista y garantizar el respeto de los derechos humanos y buscar la convergencia económica.

¿Qué hace la OCDE?

La OCDE desempeña un papel fundamental en la configuración de la agenda económica mundial y en la definición de políticas públicas nacionales.

Sirve como foro de políticas y sobre todo, como una plataforma para las mejores prácticas en temas como impuestos, inversión, comercio, finanzas públicas, educación, agricultura, medio ambiente, gobernanza, lucha contra la corrupción y desarrollo internacional.

A diferencia otras organizaciones como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, la membresía reducida, le permite a la OCDE especializarse, ser más ágil e innovadora. Asimismo, su secretaría relativamente pequeña, compuesta por direcciones, comités y grupos de trabajo, guiados y supervisados por el Consejo de la OCDE (los Estados miembros), la vuelve una organización muy eficiente.

A través de sus grupos de trabajo y comités, la OCDE ejerce una influencia global importante y desproporcionada para su tamaño.

Por ejemplo, en el ámbito de la política económica la OCDE juega un rol protagónico y su influencia se ejerce de varias formas. En primer lugar, su función de secretaría del G7 y del G20 le permite tener una influencia directa en los debates entre las mayores economías del mundo.

El hecho de que la OCDE lleve a cabo un trabajo analítico y de investigación en nombre de estos dos grupos le permite desarrollar normas, que se difunden a una audiencia más amplia y global. Además, la OCDE es junto con la Organización Mundial del Comercio (OMC) una de las instituciones claves de la globalización, no solo a través de la promoción de la libre movilidad de bienes, servicios y capitales, sino también por medio de la difusión de ideas, estándares y regulaciones.

¿Cómo trabaja la OCDE?

El diálogo, el consenso, la evaluación y la presión entre pares son las herramientas más utilizadas la OCDE en su trabajo diario. Así, los miembros discuten, intercambian información, investigan y someten a examen sus políticas de manera constante.

La organización produce diferentes instrumentos legales para su operación. Los más relevantes son las “Decisiones”, jurídicamente vinculantes y las “Recomendaciones” de acatamiento voluntario.

Costa Rica en la OCDE

El proceso de adhesión a la OCDE reafirma el liderazgo de Comex en la inserción profunda de Costa Rica en el proceso de globalización. Es claro que reformas importantes para el desarrollo del país surgen precisamente de la negociación de acuerdos promovidos por Comercio Exterior.

De esta forma, como toda participación en una organización internacional que toma decisiones vinculantes para sus miembros, la membresía en la OCDE ofrece a Costa Rica la posibilidad de avanzar en reformas de política que no serían posibles si estas dependieran únicamente de los actores domésticos.

Por lo tanto, una de las principales ventajas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE pasa por la adopción de estándares y buenas prácticas en varias áreas claves de política pública.

Los resultados del proceso de adhesión ya son evidentes con la aprobación de la Ley del Sistema Estadístico Nacional (N° 9.694), la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia (N° 9.736), el Fondo de Garantía de Depósitos, los cambios en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), y la modificación al Régimen de Zonas Francas. Este último con el fin de asegurar el cumplimiento del Plan de Acción contra la Erosión y el Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés).

Hacia el futuro, la reforma del sector público y la promoción de políticas de desarrollo productivo, son temas fundamentales para elevar la competitividad y donde es claro el beneficio de contar con la cooperación y el acervo de prácticas y estándares de la OCDE.

Otra oportunidad que se deriva de la adhesión a la OCDE es la de participar activamente en la definición de los estándares para las industrias del futuro relacionadas con la cuarta revolución industrial, la economía digital y la lucha contra el cambio climático; áreas donde Costa Rica tiene potencial y liderazgo incipiente.

El país, además, ofrece a los demás miembros un sólido récord de avances en progreso social que pueden convertirse en buenas prácticas para muchas economías del mundo.