Por: Danilo Montero.   7 febrero

Las personas con frecuencia se manifiestan en redes sociales sugiriendo hacer más con el mercado de valores.

Financiar más pymes, canalizar más recursos a proyectos verdes, proveer más recursos para obras públicas, son solo algunos ejemplos.

Y no les falta razón. En algunos países latinoamericanos, ciertos fondos de inversión por ejemplo, canalizan recursos para microfinancieras, especializadas en financiar muy pequeños emprendimientos. En otros, ya se ven emisiones de bonos dirigidos a proyectos que sustituyan fuentes de energía no convencionales.

¿Todo eso es posible en Costa Rica? Sí, en teoría. En la práctica, sin embargo, se ha avanzado poco.

Por el lado de la oferta, con un emisor insaciable como el Ministerio de Hacienda, queda poco espacio. Por el lado de la demanda, los principales compradores de bonos locales (bancos e instituciones públicas), muestran un sesgo a favor de los bonos de Hacienda.

Un buen mercado de bonos públicos es indispensable para que los bonos privados prosperen. Pero eso no es posible si el Estado no tiene una obligación legal, similar a la de proteger a la niñez o la seguridad ciudadana.

La colocación de bonos de Hacienda debe ser más estructurada (evitar fechorías como Tesoro Directo del gobierno anterior) para que se estimule el mercado secundario, al tiempo que se obliga a los puestos de bolsa a cotizar para que promuevan la formación de precios.

Esta formación de precios es la piedra angular para una adecuada gestión de riesgos, si se quieren emisiones para financiar carreteras o un aeropuerto. Esa gestión de riesgos, a su vez, es esencial para el mercado accionario o los derivados financieros, que permiten optimizar los portafolios de inversiones.

Hay un énfasis extraordinario en la banca, se habla todos los días sobre las pensiones, y que el futuro de los seguros es prometedor.

Pero el mercado de valores sigue siendo una pobre y triste cenicienta, abandonada a su suerte. ¿O será que a algunos les conviene que lo siga siendo?