Costa Rica, al igual que muchos países latinoamericanos está viviendo tiempos de cambio, de evolución. Nuevo gobierno, déficit fiscal, atracción de inversiones extranjeras, alto desempleo, son algunas de las situaciones que concentran la mayor parte de las noticias que vemos a diario.
Una de ellas en particular, el alto endeudamiento del país, ha acaparado más la atención en estos últimos meses a raíz de la baja en la calificación de riesgo país y, consecuentemente, el posible incremento de las tasas de interés locales e internacionales.
Inmediatamente, los ojos de todos los empresarios, comerciantes y hasta los políticos, clamaron al unísono a la banca estatal, para que el efecto de ese cambio no se traduzca en un incremento escalonado de las tasas de interés, provocando un bajón en el, ya de por sí, raquítico crecimiento económico.
En medio de todas esas noticias poco alentadoras, siempre hay una luz de esperanza, otra puerta que se abre. Esa alternativa se llama, mercado de valores. Una opción atractiva, competitiva y al alcance de la mayoría de las empresas.
El mercado de valores ha dicho presente cuando la crisis del 2007 cerró buena parte la llave del financiamiento bancario.
Ha tendido sus beneficios a empresas cuyo límite no es el cielo; empresas que han apostado más allá de las fronteras nacionales, no solo para exportar sus productos sino para comprar compañías afines a empresas que han planteado proyectos de gran envergadura como la construcción de plantas hidroeléctricas y otras lo han utilizado para aliviar un poco la presión sobre la liquidez de su estructura financiera, al pasar su horizonte de pago, a largo plazo.
Es un mercado con muchas ventajas: no hay límites de plazo para la inversión a financiar, existe diversidad de oferentes, no se piden garantías colaterales, la valoración financiera se hace por empresas profesionales, además de que se promueve la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo y la flexibilidad en el uso que se le pueda dar.
Esa es una de sus características más importantes: no hay límite o restricción en cuanto a los proyectos a financiar. Los instrumentos que actualmente ofrece el mercado de valores tienen la capacidad y las condiciones para fondear lo que las empresas requieran no solo para su continuidad sino también para ampliar su mercado, su línea de producción, o como el caso particular de las municipalidades, para mejorar la calidad de vida de su comunidad.
En movimiento
En línea con eso, hace pocas semanas, la Superintendencia General de Valores presentó tres reglamentos en los que se incorporan novedosas figuras y que, en otros países han sido piezas fundamentales en su desarrollo: el Reglamento sobre Financiamiento de Proyectos de Infraestructura, el Reglamento sobre Procesos de Titularización y el Reglamento sobre Sociedades Fiduciarias que Administren Fideicomisos Emisores de Valores de Oferta Pública.
El primero viene a sustituir el fallido intento de normar los proyectos de obra pública a través de fideicomisos de desarrollo. Este nuevo reglamento permite que obras puedan financiarse por medio de vehículos de propósito especial, tomando en cuenta la estructura del proyecto, sus fuentes de fondeo y la clase de proyecto a desarrollar.
El Reglamento sobre Procesos de Titularización no solo amplía los activos a titularizar, sino que incorpora la figura de las “universalidades”, de conformidad con lo establecido en la Ley 8507 y el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas.
Finalmente, el Reglamento sobre Sociedades Fiduciarias incorpora la figura de sociedades anónimas encargadas exclusivamente del manejo de fideicomisos como emisores de valores de oferta pública.
La inclusión de esos reglamentos en el marco regulatorio es una muestra más de que el mercado de valores no se ha quedado estancado ante los cambios internos o las tendencias mundiales.
Por todo lo expuesto anteriormente, no hay excusa para las quejas o reclamos. ¡Opciones hay y muchas! Claro está, es necesario y conveniente aclarar, que, como cualquier herramienta de financiamiento, se debe cumplir con requisitos y, para el caso que nos compete, del financiamiento bursátil, la carga de responsabilidad es mayor puesto que se están captando recursos de terceros y bajo el esquema de “oferta pública”, cualquier persona física o jurídica puede poner su capital a disposición de las empresas.
Finalmente, en la corriente legislativa se encuentra el borrador de la que será la nueva ley reguladora del mercado de valores, que busca contar con un mercado más avanzado, dinámico, seguro y con una incidencia aún mayor en el desarrollo de la economía costarricense.
El mercado de valores dice presente. Su relevancia ha sido tema de discusión por la importancia que reviste para el crecimiento de un país. Hoy por hoy nuestro mercado de valores cuenta con las herramientas, los actores y los reguladores para cargar sobre sus espaldas, en buena medida, el desarrollo de un país y hacerle frente a cualquier vendaval. Es cuestión de que los empresarios costarricenses se animen.
Paola Solís es la coordinadora de la unidad de emisores de la Bolsa Nacional de Valores.